El
portal de transparencia del Gobierno vasco, a fecha de junio del 2020,
cifra en 7.558,97 euros mensuales el sueldo del lehendakari, 105.825,58
euros anuales.
El portal sueldos públicos de El Economista señala que Urkullu, tras 12 años en el cargo, habrá cobrado más de un millón de euros brutos en 2024. Añade que “lleva unos 26 años cobrando sueldos públicos en política como cargo electo”.
En junio del 2020, el portal Newtral advertía que “el lehendakari es el segundo presidente autonómico que más cobra, precedido por Quim Torra”. En septiembre del 2020, el citado portal afirma que Urkullu tiene “un salario superior a los de los ministros del Gobierno e incluso mayor que el del presidente Pedro Sánchez”.
Iñigo
Urkullu cobró una cesantía de 2,5 millones de pesetas cuando cesó como
director de Juventud en Bizkaia y pasó a ser parlamentario.
En diciembre del 2020, el diario El Correo
cifró en el Gobierno más de veinte millones de euros anuales el gasto
del Gobierno vasco en sueldos de asesores y altos cargos. Además,
afirmaba que la plantilla de consejeros y personal de confianza se
elevaba a 271 personas.
A fecha de hoy, el citado diario cifra en
65.000 euros brutos anuales el salario medio de 172 altos cargos y 99
asesores que integrarán el Gobierno vasco este año.
Según El Correo, “el
Gobierno Vasco mantiene una paga vitalicia a 64 ex altos cargos
jubilados, entre ellos dos lehendakaris y un buen número de consejeros y
viceconsejeros”.
Urkullu considera inviable una pensión
digna de 1.080 euros que reclaman los pensionistas movilizados. Los
exlehendakaris con pensión vitalicia del Gobierno vasco perciben 52.913
euros brutos. En 2011, hasta 91 excargos del Gobierno vasco llegaron a
cobrar pensiones vitalicias.
Tres exaltos cargos del PNV
condenados por corrupción han llegado a cobrar indemnizaciones del
Gobierno vasco cuando fueron cesados del cargo y un exconsejero
socialista del Gobierno vasco imputado por corrupción en 2009 cobra una
pensión vitalicia.
Los tribunales obligaron al Gobierno vasco a
publicar una lista de 139 beneficiarios, vinculados al primer Gobierno
Vasco, que cobraron una media de dos millones de pesetas por persona en
concepto de indemnización por destitución del cargo político.
Entre 1981 y 1987, las indemnizaciones por este concepto sumaron una cantidad superior a los 600 millones de pesetas.
José
Antonio Ardanza cobró más de un millón de pesetas al cesar como
Diputado General de Gipuzkoa y asumir el cargo de lehendakari en 1985.
EiTB
abonó a Andoni Ortuzar, presidente del PNV, un total de 18.407 euros al
abandonar la dirección de la cadena pública en 2008 y pasó a dirigir el
Bizkai Buru Batzar.
Según el Plan de Jubilación Parcial del PNV del año 2013, el partido contaba entonces con 48 trabajadores.
El
PNV ha venido recolocando como asesores a excargos del Gobierno vasco.
También ha colocado como asesores a burukides del partido y familiares
de miembros del partido.
Exaltos cargos del Gobierno vasco y
exdirigentes del partido han desfilado por las puertas giratorias que
les han abierto empresas energéticas, consultoras, constructoras… como
Respsol, Ibredrola, PWC, Viuda de Sainz… mimadas con contratos y ayudas
públicas o beneficios fiscales.
Exaltos cargos del Gobierno vasco
han creado empresas o han sido fichados por otras empresas (Uliker,
Babesten, Urgatzi…) convertidas en grandes acaparadoras de
adjudicaciones de contratos públicos y ayudas públicas, rompiendo las
reglas de igualdad de oportunidades para otras empresas que licitaban
por contratos públicos y no se integraban en las redes clientelistas del
PNV.
Otros cargos del PNV han venido creando o participando en
empresas que engordaban currículum trabajando para la administración
pública vasca y además trabajaban como proveedoras del partido, es el
caso de Alaiki, Estali, Montai...
Familiares de cargos del PNV
también han utilizado la agenda oculta de sus familias como modus
operandi para crear empresas o participar en empresas (Arkigest,
Ingeplan, Idoki…) cuyo modus vivendi consiste en hacerse con contratos y
ayudas públicas de la administración pública vasca. Tras engordar
currículum trabajando básicamente para la administración pública,
algunos de estos familiares de cargos del PNV han pasado a ser
dirigentes del partido e incluso a ocupar cargos públicos.
Grandes
contratistas de obra pública han venido realizando donaciones a los
grandes partidos vascos y contratando a familiares de esos partidos, tal
y como reveló una investigación comandada por Fiscalía de Araba en
2017.
Grandes contratistas de obra pública implicadas en
investigaciones judiciales por corrupción en Madrid, Valencia o
Catalunya (Urazca, Bruesa, Comsa…) fueron creadas por excargos del PNV o
contaron con excargos del PNV en sus consejos de administración o como
directivos.
Excargos del PNV han participado en fallidos
proyectos que dilapidaron millones de euros en ayudas públicas
(Karrantzako Minda, Hiriko…).
Excargos del PNV y empresarios
vinculados a las finanzas del PNV han venido creando una red de empresas
para hacerse ad hoc con contratos y ayudas públicas, tal y como reveló
la sentencia del caso De Miguel.
El PNV ha creado una maraña de
sociedades propiedad del partido, una red investigada por el Tribunal de
Cuentas español por facilitar la financiación ilegal.
El Tribunal de Cuentas español tiene abierto un expediente sancionador al PNV por irregularidades en sus cuentas.
El PNV fue “campeón de España en donaciones anónimas”
hasta su prohibición en 2009, en concreto más de 27,5 millones de euros
entre 1987 y 2007, lo que supone más del 25% del total recibidos por
todos los partidos.
Las donaciones de empresas que licitaban por
contratos han sido reconocidas por diversas personalidades del PNV,
incluyendo su expresidente Xabier Arzalluz.
Pese al incremento de
excargos del partido condenados por corrupción y fraude fiscal, el PNV
viene votando en contra de diversas iniciativas parlamentarias para
crear herramientas que mejoren la eficacia en el combate contra la
corrupción y el fraude fiscal, contra una medida para proteger a quienes
denuncian la corrupción y contra una comparecencia para exponer un
diagnóstico sobre la corrupción en el Parlamento vasco.
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