Ibone Bengoetxea, Diputada de Administración Pública
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| Ibone Bengoetxea, diputada de Administración Pública y Relaciones institucionales |
DEIA Una entrevista de Aitziber Atxutegi Fotografía Borja Guerrero
- Sábado, 11 de Marzo de 2017 -
El enclave de San Antonio, Udalkutxa, la
norma de Transparencia, las cláusulas sociales en los contratos de la
Diputación... Han sido meses intensos en el departamento de
Administración Pública y Relaciones Institucionales
Bilbao - Es la responsable de las relaciones entre la Diputación y los ciudadanos, y también con los ayuntamientos. Aunque son contactos completamente diferentes, la filosofía que subyace en ambos casos es la misma: facilitar la relación con la Administración, ser más eficaces en las respuestas... De cara a la ciudadanía, Ibone Bengoetxea tiene claro cómo tiene que ser la Diputación: “Flexible, integral, que cualquier persona pueda contactar con nosotros desde cualquier lugar y en cualquier momento”. Para ello han abierto ya la primera oficina de atención ciudadana. Su apoyo a los ayuntamientos también persigue el mismo objetivo: que todos y también sus ciudadanos cuenten con las mismas oportunidades.
Hace casi cuatro meses que se abrió la oficina de atención ciudadana de Durango. ¿Cuántas personas la han utilizado?
-Más de 11.500 personas, de un total de 75.000 que viven en la comarca, aunque la puede utilizar cualquier vizcaino viva donde viva. Han realizado 14.500 trámites, sobre todo registros de documentos, subvenciones a usuarios de la autopista, certificados de prestaciones sociales y emisión de títulos de familia numerosa. A fecha de hoy se pueden hacer 150 gestiones.
¿El balance es positivo?
-Las primeras impresiones son que los usuarios están satisfechos y que la oficina sirve para lo que pretendía: ahorrar desplazamientos y ofrecer en un único espacio la mayoría de los trámites de la Diputación. Es una pata más de ese nuevo modelo: integral, completo, en el que cualquier persona pueda dirigirse a nosotros desde cualquier sitio y por cualquier vía. La ciudadanía no tiene por qué saber a qué departamento tiene que dirigirse.
¿Hay márgenes de mejora?
-Ya hemos puesto un servicio de cita previa para evitar que en algunos momentos y en determinadas gestiones las personas tengan que esperar. Todavía es pronto para hacer un análisis de cuáles son los cambios que deberíamos incorporar a unas oficinas de este tipo hasta que no pase un periodo de al menos un semestre.
La siguiente será la de Gernika, para Busturialdea. ¿Cuándo se abrirá?
-Antes de que termine el año. Estamos barajando varios espacios que cumplen los requisitos que necesitamos: relativamente céntricos, a pie de calle y de fácil acceso.
¿Será diferente a la de Durango?
-No, tendrá los mismos servicios. Una vez las dos en marcha, valoraremos cómo han funcionado y haremos el despliegue. La idea es que haya una por comarca, aunque no me atrevería a decir ni dónde, ni cuántas, ni cuándo.
Han tenido que modificar su primera propuesta sobre el enclave de San Antonio, dejando todo el espacio a Busturia.
-El último auto judicial nos ha dicho que teníamos que hacerlo de otra manera y no podemos hacer caso omiso de las sentencias.
¿Se agotó la vía del acuerdo?
-Era muy difícil lograr un acuerdo en un asunto que ha derivado en juicios diversos, con todos los recursos posibles. La Diputación lo intentó en su momento y también ahora, consultando a las partes. Una vez que eso no es posible, no cabe otra; lo contrario sería hacer caso omiso a la Justicia y eso es muy grave.
Choca que se deje todo el terreno a Busturia.
-No nos toca valorar si es injusto o no. Entendíamos que la primera propuesta de la Diputación era la más equilibrada, pero una vez que hay una sentencia, simplemente la ejecutamos.
¿Por qué cinco años de compensación económica a Sukarrieta?
-Desde que se empezaron a estudiar los enclaves se estimó que ese era el plazo razonable; ni lo suficientemente largo como para que hipoteque los ingresos de la otra parte, ni corto para que quien percibía esos ingresos pueda readecuarse a unos ingresos menores. No tenía mucho sentido que inventáramos nada nuevo.
¿Confían en que con esta decisión se dé por finalizado este asunto?
-Entendemos que una vez adoptado este acuerdo y remitido a las Juntas Generales, la sentencia está ejecutada. Es la Sala la que, en su caso, se tiene que manifestar si la forma en la que lo hemos ejecutado es la correcta. Estamos a la espera de que nos diga si la da por ejecutada.
¿Cuántos ayuntamientos han pedido para este año las subvenciones para hacer frente a las dificultades económicas?
-Es un decreto para aquellos municipios cuya deuda es superior al 60% de sus ingresos. Han accedido cuatro este ejercicio y el año pasado fueron tres. Con unos planes económicos-financieros bien controlados, en 2, 3 o 4 años podrán tener ese ratio en valores absolutamente saludables. De hecho, en el presupuesto de este año hemos reducido esa partida de un millón de euros a 750.000 euros; es posible que ese número disminuya. Ese es nuestro objetivo.
¿Por qué no termina de llegar la recuperación económica a los ayuntamientos?
-Están igual que el resto de instituciones del país: en una situación compleja, pero con los recursos suficientes para prestar los servicios que tienen que prestar y hacerlo con calidad. Cuando los recursos no son los esperados es difícil cambiar decisiones y priorizar determinadas inversiones, pero eso es también el ejercicio de la política. Todos quieren más dinero, como la Diputación y el Gobierno vasco, pero hay que felicitarles por la madurez que han demostrado; han entendido que la situación económica es la que es y han sabido adaptarse.
¿Cuál es su situación en este momento?
-Están trabajando duro y resistiendo bien. Estoy orgullosa de la capacidad que están demostrando para salir adelante en este momento.
¿Qué les piden?
-En las conversaciones, como cualquier persona, comentan cómo está la situación pero en el día a día, las peticiones son mucho más concretas que la mera petición de dinero. En el fondo son responsables y saben que el modelo de financiación es de riesgo compartido.
¿Van a poner en marcha servicios nuevos?
-Sí. Por ejemplo, un catálogo que estará en marcha antes de verano para recoger todos los servicios que ofrecemos a los ayuntamientos, alrededor de 80: asesoría jurídica gratuita, consultas técnicas de cómo hacer un pliego, subvenciones para elaborar los planes de ordenación urbana... También una base de datos sobre temas administrativos y jurídicos, a la que podrán tener acceso todos, y un asesor on line que les responderá en tres días. Es un plus para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, alrededor de 100; los más grandes tienen servicios jurídicos más potentes o recursos económicos para hacer esa consulta por sí mismos, pero para los más pequeños resulta más difícil.
¿Alguno más?
-A través de BiscayTIK hemos desarrollado un módulo de servicios sociales, que tiene una incidencia directa en la ciudadanía, y al que ya se han adherido 40 ayuntamientos. Permite que la información social que dispone la Diputación sobre una persona la tenga también el trabajador social con el que trata en su Ayuntamiento.
Y la central de contratación.
-Ya hay adheridos 79 ayuntamientos y mancomunidades. Es una herramienta potente y ayuda a que el territorio sea más eficiente. Primero, porque hace posible que se puedan conseguir mejores precios, porque el volumen de contratación es mayor. En segundo lugar, reduce burocracia: si a un contrato se adhieren 50 ayuntamientos no hay 50 técnicos redactando 50 pliegos, sino un único pliego que va a dar servicio a 50 municipios a la vez. Es ser más eficiente y hacer un mejor uso de los recursos.
No todo es dinero.
-Ayudar a los ayuntamientos es también ayudar a los vizcainos. Hay una parte que tiene que ver con la tutela financiera pero hay también otra de asistencia y de apoyo en muchos campos: en el de la contratación, el de la asistencia jurídica, en que tengan programas informáticos potentes... Todos en igualdad de condiciones. De esta forma liberan recursos que antes destinaban a sus tripas para dedicarlo a servicios para la ciudadanía.
Este año, otra vez van a tener que devolver parte del fondo Udalkutxa.
-La recaudación creció en 2016, aunque no tanto como preveíamos. El desfase ha sido de 61 millones; el año pasado fueron 75. También les ha pasado en momentos previos e incluso por importes mayores, y los ayuntamientos demostraron que fueron capaces de devolverlo. La previsión para 2017 creo que está ajustada; el crecimiento no es muy grande. Vamos a seguir reuniéndonos con ellos periódicamente, para que si las cosas no van según lo previsto al menos lo sepan, sin esperar hasta octubre, y después cada uno decida lo que considere.
¿Se van a tomar medidas especiales para facilitar esas devoluciones?
-El acuerdo que tomamos en febrero fue que esa devolución, en lugar de hacerla de golpe, fuera fraccionada en meses a partir de mayo, descontándola de los ingresos que se hacen a cuenta del fondo de este año.
¿Hay algún Ayuntamiento que les haya dicho ‘no puedo, no sé de dónde voy a sacar el dinero’?
-Lo cierto es que pueden, como puede la Diputación cuando la previsión no llega. ¿Que es difícil gestionar en esa coyuntura? Sí, pero lo pueden hacer. Además, tenemos una línea de subvenciones de dos millones de euros para ayuntamientos pequeños para hacer obras de infraestructuras que, dependiendo del tamaño, les pueden salvar un ejercicio.
¿No se pueden ajustar más las previsiones?
-Se hacen en base a unos datos macroeconómicos y microeconómicos como hacen todos los gobiernos del mundo; no tienen ni trampa ni cartón. No existe la máquina que invente lo que va a ingresar, ni en nuestro modelo ni en otro. No hay ningún gobierno en el mundo que con un año de anticipación prevea lo que va a ingresar al año siguiente.
Hace un año que aprobaron la Norma de Transparencia. ¿Han recibido consultas?
-No ha habido demasiadas y han sido muy concretas: personas que tienen un interés por su sector profesional y necesitan esa información para un proyecto, personas que están afectadas por una situación concreta y preguntan por un proyecto o expediente concreto... A falta de conocer los datos de la memoria, la sensación que tengo es que la información que nos comprometimos a publicar sin que nadie preguntara es abundante y recoge lo que cualquier ciudadano medio pudiera querer saber sobre la Diputación.
También les obligaba a elaborar un plan de transparencia. ¿Lo han redactado ya?
-Lo vamos a terminar en las próximas semanas y lo haremos público.
¿Qué tipo de acciones se van a recoger?
-De todo tipo. Son mejoras que tienen que ver con la forma en la que se presenta la información, o respecto a los contenidos, o compromisos de calidad de servicio...
¿Los ciudadanos se interesan por esa información? ¿O son acciones de cara a la galería, ahora que la transparencia está de moda?
-Hay algunos que no pero el hecho de que la información esté disponible no es malo. También es verdad que en esto de la transparencia hay mucho postureo, de aparentar lo que uno no es. Nosotros siempre lo hemos tenido claro: no queríamos hacer una norma por aparentar lo que no éramos y por eso rechazamos algunas propuestas que no pretendían más que aparentar sin tener valor real.
¿Para cuándo saldrá a licitación el primer contrato con cláusulas sociales?
-Están ahora en redacción de pliegos, lo que supone que saldrán a lo largo del próximo mes o el siguiente: la compra de una autobomba nodriza, dos asistencias técnicas relacionadas con carreteras, un proyecto de sostenibilidad... Lo que sí puedo adelantar es que habrá un amplio abanico que van a ir en todos los contratos: el porcentaje de personas con discapacidad, la subcontratación, los criterios éticos o de comercio justo, los relacionados con la igualdad, la subrogación...
¿Qué margen de maniobra permite la ley de contratos públicos?
-Encajan a la perfección con la actual y, por los datos que tenemos, también lo hará con el anteproyecto que se está redactando. Es un documento vivo que puede ir incorporando nuevas cláusulas o retirando las que se vean que no son efectivas, siempre con una premisa: el límite jurídico. Una cosa es la idea bondadosa, que está muy bien, pero debe haber un análisis jurídico que garantice que se puede materializar sin ningún riesgo.
¿Puede una empresa recurrir una licitación porque no se garantiza, por ejemplo, la igualdad de oportunidades?
-Las empresas puede cumplir esas cláusulas; otra cosa es el esfuerzo que algunos estén dispuestas a hacer para que el territorio sea socialmente responsable y eso solo lo va a ser si lo hacemos entre todos. La Administración tiene una responsabilidad enorme pero no es la única; afortunadamente, me consta que hay muchísimas empresas que sí son socialmente responsables y tratan de hacer las cosas bien. Habitualmente salen aquellas que cometen prácticas que no son ajustadas a derecho o que son reprobables pero hay una mayoría que hace las cosas bien y eso también hay que reconocerlo.
las claves
Hace casi cuatro meses que se abrió la oficina de atención ciudadana de Durango. ¿Cuántas personas la han utilizado?
-Más de 11.500 personas, de un total de 75.000 que viven en la comarca, aunque la puede utilizar cualquier vizcaino viva donde viva. Han realizado 14.500 trámites, sobre todo registros de documentos, subvenciones a usuarios de la autopista, certificados de prestaciones sociales y emisión de títulos de familia numerosa. A fecha de hoy se pueden hacer 150 gestiones.
¿El balance es positivo?
-Las primeras impresiones son que los usuarios están satisfechos y que la oficina sirve para lo que pretendía: ahorrar desplazamientos y ofrecer en un único espacio la mayoría de los trámites de la Diputación. Es una pata más de ese nuevo modelo: integral, completo, en el que cualquier persona pueda dirigirse a nosotros desde cualquier sitio y por cualquier vía. La ciudadanía no tiene por qué saber a qué departamento tiene que dirigirse.
¿Hay márgenes de mejora?
-Ya hemos puesto un servicio de cita previa para evitar que en algunos momentos y en determinadas gestiones las personas tengan que esperar. Todavía es pronto para hacer un análisis de cuáles son los cambios que deberíamos incorporar a unas oficinas de este tipo hasta que no pase un periodo de al menos un semestre.
La siguiente será la de Gernika, para Busturialdea. ¿Cuándo se abrirá?
-Antes de que termine el año. Estamos barajando varios espacios que cumplen los requisitos que necesitamos: relativamente céntricos, a pie de calle y de fácil acceso.
¿Será diferente a la de Durango?
-No, tendrá los mismos servicios. Una vez las dos en marcha, valoraremos cómo han funcionado y haremos el despliegue. La idea es que haya una por comarca, aunque no me atrevería a decir ni dónde, ni cuántas, ni cuándo.
Han tenido que modificar su primera propuesta sobre el enclave de San Antonio, dejando todo el espacio a Busturia.
-El último auto judicial nos ha dicho que teníamos que hacerlo de otra manera y no podemos hacer caso omiso de las sentencias.
¿Se agotó la vía del acuerdo?
-Era muy difícil lograr un acuerdo en un asunto que ha derivado en juicios diversos, con todos los recursos posibles. La Diputación lo intentó en su momento y también ahora, consultando a las partes. Una vez que eso no es posible, no cabe otra; lo contrario sería hacer caso omiso a la Justicia y eso es muy grave.
Choca que se deje todo el terreno a Busturia.
-No nos toca valorar si es injusto o no. Entendíamos que la primera propuesta de la Diputación era la más equilibrada, pero una vez que hay una sentencia, simplemente la ejecutamos.
¿Por qué cinco años de compensación económica a Sukarrieta?
-Desde que se empezaron a estudiar los enclaves se estimó que ese era el plazo razonable; ni lo suficientemente largo como para que hipoteque los ingresos de la otra parte, ni corto para que quien percibía esos ingresos pueda readecuarse a unos ingresos menores. No tenía mucho sentido que inventáramos nada nuevo.
¿Confían en que con esta decisión se dé por finalizado este asunto?
-Entendemos que una vez adoptado este acuerdo y remitido a las Juntas Generales, la sentencia está ejecutada. Es la Sala la que, en su caso, se tiene que manifestar si la forma en la que lo hemos ejecutado es la correcta. Estamos a la espera de que nos diga si la da por ejecutada.
¿Cuántos ayuntamientos han pedido para este año las subvenciones para hacer frente a las dificultades económicas?
-Es un decreto para aquellos municipios cuya deuda es superior al 60% de sus ingresos. Han accedido cuatro este ejercicio y el año pasado fueron tres. Con unos planes económicos-financieros bien controlados, en 2, 3 o 4 años podrán tener ese ratio en valores absolutamente saludables. De hecho, en el presupuesto de este año hemos reducido esa partida de un millón de euros a 750.000 euros; es posible que ese número disminuya. Ese es nuestro objetivo.
¿Por qué no termina de llegar la recuperación económica a los ayuntamientos?
-Están igual que el resto de instituciones del país: en una situación compleja, pero con los recursos suficientes para prestar los servicios que tienen que prestar y hacerlo con calidad. Cuando los recursos no son los esperados es difícil cambiar decisiones y priorizar determinadas inversiones, pero eso es también el ejercicio de la política. Todos quieren más dinero, como la Diputación y el Gobierno vasco, pero hay que felicitarles por la madurez que han demostrado; han entendido que la situación económica es la que es y han sabido adaptarse.
¿Cuál es su situación en este momento?
-Están trabajando duro y resistiendo bien. Estoy orgullosa de la capacidad que están demostrando para salir adelante en este momento.
¿Qué les piden?
-En las conversaciones, como cualquier persona, comentan cómo está la situación pero en el día a día, las peticiones son mucho más concretas que la mera petición de dinero. En el fondo son responsables y saben que el modelo de financiación es de riesgo compartido.
¿Van a poner en marcha servicios nuevos?
-Sí. Por ejemplo, un catálogo que estará en marcha antes de verano para recoger todos los servicios que ofrecemos a los ayuntamientos, alrededor de 80: asesoría jurídica gratuita, consultas técnicas de cómo hacer un pliego, subvenciones para elaborar los planes de ordenación urbana... También una base de datos sobre temas administrativos y jurídicos, a la que podrán tener acceso todos, y un asesor on line que les responderá en tres días. Es un plus para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, alrededor de 100; los más grandes tienen servicios jurídicos más potentes o recursos económicos para hacer esa consulta por sí mismos, pero para los más pequeños resulta más difícil.
¿Alguno más?
-A través de BiscayTIK hemos desarrollado un módulo de servicios sociales, que tiene una incidencia directa en la ciudadanía, y al que ya se han adherido 40 ayuntamientos. Permite que la información social que dispone la Diputación sobre una persona la tenga también el trabajador social con el que trata en su Ayuntamiento.
Y la central de contratación.
-Ya hay adheridos 79 ayuntamientos y mancomunidades. Es una herramienta potente y ayuda a que el territorio sea más eficiente. Primero, porque hace posible que se puedan conseguir mejores precios, porque el volumen de contratación es mayor. En segundo lugar, reduce burocracia: si a un contrato se adhieren 50 ayuntamientos no hay 50 técnicos redactando 50 pliegos, sino un único pliego que va a dar servicio a 50 municipios a la vez. Es ser más eficiente y hacer un mejor uso de los recursos.
No todo es dinero.
-Ayudar a los ayuntamientos es también ayudar a los vizcainos. Hay una parte que tiene que ver con la tutela financiera pero hay también otra de asistencia y de apoyo en muchos campos: en el de la contratación, el de la asistencia jurídica, en que tengan programas informáticos potentes... Todos en igualdad de condiciones. De esta forma liberan recursos que antes destinaban a sus tripas para dedicarlo a servicios para la ciudadanía.
Este año, otra vez van a tener que devolver parte del fondo Udalkutxa.
-La recaudación creció en 2016, aunque no tanto como preveíamos. El desfase ha sido de 61 millones; el año pasado fueron 75. También les ha pasado en momentos previos e incluso por importes mayores, y los ayuntamientos demostraron que fueron capaces de devolverlo. La previsión para 2017 creo que está ajustada; el crecimiento no es muy grande. Vamos a seguir reuniéndonos con ellos periódicamente, para que si las cosas no van según lo previsto al menos lo sepan, sin esperar hasta octubre, y después cada uno decida lo que considere.
¿Se van a tomar medidas especiales para facilitar esas devoluciones?
-El acuerdo que tomamos en febrero fue que esa devolución, en lugar de hacerla de golpe, fuera fraccionada en meses a partir de mayo, descontándola de los ingresos que se hacen a cuenta del fondo de este año.
¿Hay algún Ayuntamiento que les haya dicho ‘no puedo, no sé de dónde voy a sacar el dinero’?
-Lo cierto es que pueden, como puede la Diputación cuando la previsión no llega. ¿Que es difícil gestionar en esa coyuntura? Sí, pero lo pueden hacer. Además, tenemos una línea de subvenciones de dos millones de euros para ayuntamientos pequeños para hacer obras de infraestructuras que, dependiendo del tamaño, les pueden salvar un ejercicio.
¿No se pueden ajustar más las previsiones?
-Se hacen en base a unos datos macroeconómicos y microeconómicos como hacen todos los gobiernos del mundo; no tienen ni trampa ni cartón. No existe la máquina que invente lo que va a ingresar, ni en nuestro modelo ni en otro. No hay ningún gobierno en el mundo que con un año de anticipación prevea lo que va a ingresar al año siguiente.
Hace un año que aprobaron la Norma de Transparencia. ¿Han recibido consultas?
-No ha habido demasiadas y han sido muy concretas: personas que tienen un interés por su sector profesional y necesitan esa información para un proyecto, personas que están afectadas por una situación concreta y preguntan por un proyecto o expediente concreto... A falta de conocer los datos de la memoria, la sensación que tengo es que la información que nos comprometimos a publicar sin que nadie preguntara es abundante y recoge lo que cualquier ciudadano medio pudiera querer saber sobre la Diputación.
También les obligaba a elaborar un plan de transparencia. ¿Lo han redactado ya?
-Lo vamos a terminar en las próximas semanas y lo haremos público.
¿Qué tipo de acciones se van a recoger?
-De todo tipo. Son mejoras que tienen que ver con la forma en la que se presenta la información, o respecto a los contenidos, o compromisos de calidad de servicio...
¿Los ciudadanos se interesan por esa información? ¿O son acciones de cara a la galería, ahora que la transparencia está de moda?
-Hay algunos que no pero el hecho de que la información esté disponible no es malo. También es verdad que en esto de la transparencia hay mucho postureo, de aparentar lo que uno no es. Nosotros siempre lo hemos tenido claro: no queríamos hacer una norma por aparentar lo que no éramos y por eso rechazamos algunas propuestas que no pretendían más que aparentar sin tener valor real.
¿Para cuándo saldrá a licitación el primer contrato con cláusulas sociales?
-Están ahora en redacción de pliegos, lo que supone que saldrán a lo largo del próximo mes o el siguiente: la compra de una autobomba nodriza, dos asistencias técnicas relacionadas con carreteras, un proyecto de sostenibilidad... Lo que sí puedo adelantar es que habrá un amplio abanico que van a ir en todos los contratos: el porcentaje de personas con discapacidad, la subcontratación, los criterios éticos o de comercio justo, los relacionados con la igualdad, la subrogación...
¿Qué margen de maniobra permite la ley de contratos públicos?
-Encajan a la perfección con la actual y, por los datos que tenemos, también lo hará con el anteproyecto que se está redactando. Es un documento vivo que puede ir incorporando nuevas cláusulas o retirando las que se vean que no son efectivas, siempre con una premisa: el límite jurídico. Una cosa es la idea bondadosa, que está muy bien, pero debe haber un análisis jurídico que garantice que se puede materializar sin ningún riesgo.
¿Puede una empresa recurrir una licitación porque no se garantiza, por ejemplo, la igualdad de oportunidades?
-Las empresas puede cumplir esas cláusulas; otra cosa es el esfuerzo que algunos estén dispuestas a hacer para que el territorio sea socialmente responsable y eso solo lo va a ser si lo hacemos entre todos. La Administración tiene una responsabilidad enorme pero no es la única; afortunadamente, me consta que hay muchísimas empresas que sí son socialmente responsables y tratan de hacer las cosas bien. Habitualmente salen aquellas que cometen prácticas que no son ajustadas a derecho o que son reprobables pero hay una mayoría que hace las cosas bien y eso también hay que reconocerlo.
las claves
- “El acuerdo no ha sido posible con el enclave de San Antonio y no nos queda otra que ejecutar la sentencia”
- “Cuatro ayuntamientos han pedido este año las ayudas para sanear su situación económica y es posible que ese número disminuya”
- “En torno a la transparencia hay mucho postureo pero siempre hemos tenido claro que no queríamos aparentar lo que no somos”
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