“Puede que alguna hoja se pudra, pero el árbol seguirá en pie, vivo y fuerte”. Iñigo Urkullu
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En 1994, tras las elecciones al Parlamento Vasco, la Diputación de Bizkaia insistía en indemnizar irregularmente el cese de sus altos cargos. Tomó esta decisión pese a existir informes de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas (TVC) que alertaban sobre el pago de las denominadas “cesantías”. Reciben un tratamiento especial al estar exentas en la retención del IRPF. Iñigo Urkullu Rementeria, cesado de la dirección general de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura, sería beneficiado con 2.335.673 pesetas de la época. Urkullu venía desempeñando el citado cargo de director desde 1987.
El ahora Lehendakari y líder de los Jóvenes Burukides Bizkainos (JoBuBi) pasó a ocupar un escaño en el Parlamento de Gasteiz. Ese mismo año, 53 altos cargos forales percibieron un total de 378.637,63 euros en concepto de indemnizaciones por cese en el cargo tras las elecciones. Muchos de ellos, como Urkullu, saltaban a otras actividades a costa del erario público.
La orden foral de la “percepción económica por cese” de Urkullu estaba encabezada bajo el epígrafe “Relaciones Laborales” del Departamento de Presidencia de la Diputación de Bizkaia. La “Norma Foral 4/1989” regulaba esta “Disposición Transitoria” con una “prestación será equivalente a la cifra resultante de computar tres renumeraciones básicas de carácter mensual por el primer año de desempeño del cargo y una mensualidad por cada uno de los años restantes, con un mínimo de tres meses y un máximo de seis”.
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