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Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia impulsan un proceso de escucha en la comarca de Busturialdea-Urdaibai |
EUSKERAZ HEMEN:
Nos ha llamado la Fundación o Empresa de Nueva York denominada “Lehendakari Aguirre Center”, contratada por el Gobierno Vasco, para saber si vamos a “participar” en este proceso de escucha relativo al proyecto de expansión discontinua de la Fundación Guggenheim Bilbao Museoa en Urdaibai, franquicia de la de Nueva York.
Esa empresa, con sede en Nueva York como decimos, no debe de conocer que en el BOE (https://www.boe.es/eli/es/ai/1998/06/25/) se publicó, y es de plena aplicación en el Reino de España, el Convenio de Aarhus (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters), que añadida a la legislación de prevención del impacto ambiental sobre planes y proyectos, como a la legislación de procedimiento administrativo y de régimen local, todo ella recogida en la “Recomendación general del Ararteko 12/2011, de 28 de diciembre. Democracia y participación ciudadana. En especial, la participación en los procesos medioambientales”, en los que se establecen los criterios, procedimientos y garantías de participación ciudadana para que estos sean válidos y vinculantes, que sin embargo ahora se incumplen.
En esos documentos se establece que los procesos de toma de decisión con afección al medio ambiente se tienen que realizar "desde que se inicia el trámite de toma de decisión" y en el momento aquel "cuando están todas las opciones abiertas” (es decir en este caso en 2017), y se tienen que realizar evaluando todas las posibilidades reales y que entre las mismas “se incluirá en todo caso la alternativa Cero (no actuar)”. Y que todo eso se hará siempre con todas las garantías democráticas mínimas; garantías de participación real y efectiva, igualdad de oportunidades para los participantes, y con toda la información de los proyectos y anteproyectos puestos sobre la mesa, sin olvidar esos estudios auxiliares que ya se están realizando y cuyo contenido nadie conoce. Hablamos de esa ocurrencia Jelkide financiada a costa del erario (la Fundación Guggenheim no pone un duro) que intenta dar un barniz de legalidad a algo que no la tiene; barniz que se consigue, eso sí, contratando a dedo a las empresas vinculadas al cártel de asesorías externas de las que echan mano sin pudor en una política obscena de utilización fraudulenta de la administración pública para fines distintos a los recogidos en las leyes, en lo que se llama desviación de poder.
En todo caso, tenemos una preocupación previa a cualquier otra consideración sobre el asunto, preocupación que nos impide participar, y es que no podemos pasar por alto la forma y manera en la que se ha llevado a cabo la selección de la empresa finalmente contratada para el llamado “proceso de escucha activa”. Dado que no se ha realizado un concurso público por parte del Gobierno Vasco y/o la Diputación Foral a fin de que distintas empresas pudieran presentar su oferta para asumir la gestión de dicho proceso.
Se han erosionado así los principios de igualdad de oportunidades, de transparencia y de imparcialidad y objetividad. Un motivo, a modo de ejemplo, que anularía la legitimad de la contratación sería que “Lehendakari Aguirre Center”, presente en la rueda de prensa para presentar el proceso, inició su andadura profesional trabajando para el Fundación Guggenheim y por lo tanto incumpliendo la normativa de incompatibilidades vigente.
Por otra parte, nos asalta otra pregunta; ¿cómo opinar sobre un proyecto técnico sin conocer su contenido y sin realizar antes su preceptivo estudio de evaluación de impacto ambiental?
Pues a duras penas, ya que no tenemos ninguna bola de cristal que nos enseñe el desarrollo de esa genial idea, más allá de los publirreportajes difundidos por los medios de la casa promotora del proyecto, que, en un alarde de sabiduría imbuida por el espíritu santo, nos dicen que todo es correcto, que eso que nos proponen y no conocemos, no tiene el más mínimo impacto en el medio ambiente de la comarca y que sin embargo nos salvará de la pobreza. En la que nos ha metido, digámoslo de paso, precisamente el Partido que nos gobierna desde hace décadas. Y para mayor vergüenza, en todo esto anda de por medio una fundación que está a las puertas del “concurso de acreedores”, y que despide a sus trabajadores por decenas.
En todo este proceso se está erosionando el principio de sometimiento al interés general, como es la protección de vida, la naturaleza y de la biodiversidad. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, la Red Europea Natura2000, o los humedales protegidos en el Convenio Internacional Ramsar, no son bienes susceptibles de explotación mercantil, y tampoco pertenezcan solamente a los habitantes de Busturialdea; son de interés superior. Además, los mismos promotores del proyecto nos informan que éste se acometerá con presupuestos públicos, que incluyen al Gobierno español. Es decir, el proceso de escucha ¿no atañería también a los y las ciudadanos de todo el Reino de España, o incluso de la Unión Europea?
La Convención Aarhus exige que esa participación pública sea genuina y no sólo para guardar las apariencias. Las autoridades deben obligatoriamente tomar en cuenta los resultados de la participación pública en sus decisiones finales. Sin embargo, tenemos docenas de páginas de prensa y declaraciones de las elites gobernantes que machaconamente aseveran que el proyecto se hará sí o sí.
La eficacia del pilar de la participación pública contenido en la Convención de Aarhus está estrechamente vinculada con sus otros dos pilares: la participación de manera significativa que cualquier persona debe tener en el acceso a toda la información pertinente para la toma de decisiones y, en caso de que su derecho a participar le sea denegado, que pueda tener acceso a procedimientos de recurso ante la justicia, cosa que en este caso no es posible.
El modelo de participación pública consagrado en la Convención de Aarhus es hoy ampliamente reconocido como el referente internacional en cuanto a la manera de garantizar la participación pública efectiva en la toma de decisiones medioambientales. Sin embargo, el proceso de escucha planteado no es más que otro instrumento de propaganda y de legitimación del proyecto concreto aprobado previamente en Nueva York, que choca directamente con lo establecido en la mencionada Convención, cuyo articulado demostradamente se viola.
Este proceso se invalida a sí mismo cuando resulta que se trata de un plan o programa socioeconómico, que dicen tener elaborado, consensuado y cerrado -le llaman el “proyecto de expansión discontinua del Guggenheim de Bilbao en Urdaibai”-, que empezó su andadura en el año 2017, que es cuando según el Convenio se tendría que haber puesto en marcha el proceso de participación ciudadana, lo que evidentemente no se ha hecho, como tampoco se hizo en la otra intentona de 2007.
En definitiva, es la Fundación Guggenheim la que necesita a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai para sobrevivir a su evidente hundimiento, y no al revés.
Y visto que los 130 millones presupuestados se van a poner con el dinero de aquí, y que nada vendrá del otro lado del atlántico, queda claro que todo el argumentario de los promotores del proyecto fantasma no es más que mera coartada, y el proyecto en sí, un obstáculo gigantesco para el desarrollo de la cultura popular vasca, a la que se ningunea.
Sigamos aquí también el principio de invertir, priorizar y defender “la cantera del país” antes de recurrir a la contratación de jugadores extranjeros, que es, en resumen, la respuesta que dio el Ayuntamiento de Helsinki a esa franquicia turística-cultural cuando le propuso montar allí una sucursal, un ejemplo de coherencia administrativa a seguir.
ZAIN DEZAGUN URDAIBAI ELKARTEA
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