El autor hace hincapié en la importancia de que el trazado de las rayas urbanísticas se rija solo por razones técnicas. Pone el foco sobre Lakua y su –de pronto– urgente necesidad por hacerse con la competencia de la gestión del litoral, donde ve deseo de controlar el trazado de la línea de costa.
Unai Fernández de Betoño, arquitecto y profesor universitario
(NAIZ)
Una raya dibujada en un plano de urbanismo puede cambiarte la vida. Porque la raya separa dos situaciones diferentes. Puede hacer que seas rico, o casi. Que desaparezca ese uso ruidoso que no te deja dormir. O que te despojen de la casa en la que llevas viviendo toda tu vida. Por eso es tan importante que los motivos para el trazado de las rayas urbanísticas sean bien técnicos, lejanos de toda subjetividad.
El revuelo que ha montado el nuevo Gobierno Vasco por la necesidad de la competencia de la gestión del litoral, que de repente parece urgentísima, es sobre todo consecuencia del deseo por controlar el trazado de una raya. La de la línea de costa. La raya que marca hasta dónde llega oficialmente la ribera del mar, que es pública, y unas franjas de servidumbre de tránsito y de protección que hay que respetar, aunque estén sobre terrenos privados.
La cuestión es que dicha raya entorpece, entre otros, dos de los proyectos más publicitados últimamente por el PNV: los cuarteles de Loiola en Donostia y el Guggenheim de Urdaibai. Dos proyectos absolutamente diferentes, pero que tienen un problema en común: la línea de costa no está donde los jelkides quieren que esté. Pero esto, parafraseando a aquel ministro, te lo afina Sabin Etxea. ¿Cómo? Con la consabida competencia de ordenación del litoral. Una competencia que, de repente, es de las más urgentes en ser traspasada.
Parece que a algunos les molesta la ley de costas de 1988, que fue tan necesaria desde el punto de vista del medioambiente y del uso público de la orilla del mar. Una ley que si hubiera llegado antes, habría evitado, por ejemplo, aberraciones como la urbanización Sopelmar, construida sobre un precioso acantilado de Sopela. Una ley que desde que se aprobó dio soporte jurídico a diferentes grupos ecologistas en no pocos contenciosos contra los intereses inmobiliarios de los de siempre.
Parece que a algunos les molesta la ley de costas de 1988, que fue tan necesaria desde el punto de vista del medioambiente y del uso público de la orilla del mar
Como la servidumbre de costa es cinco veces menor en suelo urbano, siempre se ha forzado la máquina para considerar urbanas hasta marismas y vegas de ríos. Hace tres décadas se intentó imponer la lógica desarrollista frente a la lógica ecológica en lugares como la marisma de Txipio, entre Plentzia y Barrika, para construir un puerto deportivo y 750 viviendas, que fueron frenados por el deslinde de Costas. Hace 15 años, aprovechando la ilegalización de la izquierda abertzale, se intentó urbanizar y construir 500 viviendas en la marisma de Aieri de Ondarroa. Y ahora mismo se está estirando el chicle de lo urbano en marismas que se deberían recuperar como Osinbiribil en Irun, con una recalificación proyectada en Azken Portu para 200 viviendas en la parcela industrial de Recondo, o con 1.000 viviendas en la vega de Lamiako de Leioa, que deberán guardar una servidumbre menor tras plantearse el desvío de la desembocadura del río Gobela. Humedales sí, pero...
Algunos de estos proyectos pueden albergar viviendas sociales, claro. El barrio de 1.500 viviendas que se proyecta en los terrenos de los cuarteles de Loiola, sobre las antiguas marismas del Urumea, puede justificarse en cierta medida desde el punto de vista social, en un contexto de necesidad de vivienda. Pero a nadie se le escapa que aquí hay más intereses en juego. Sobre todo de carácter inmobiliario.
Y otros intereses económicos. La planta de coque de Petronor, en las marismas del Barbadun como el resto de la planta, se construyó entre 2010 y 2013 sin el informe preceptivo de Costas. En La Herrera, Pasaia, se ha desafectado ad hoc una parcela para construir la carísima residencia Adinberri, en un espacio que en la propuesta ganadora del concurso internacional de ideas de 2009 se dejaba como espacio libre verde, en el que bien podría haberse desenterrado el río Txingurri.
Ídem con las marismas del Oka en la reserva de Urdaibai. Porque estos mismos días se está modificando a la carta la servidumbre de protección en los astilleros de Murueta, para pasar de 100 metros a 20. Así, se logran 80 metros más para exponer por enésima vez las aburridas serigrafías de Warhol. Nos reíamos cuando el PP modificó la ley de costas en 2013 moviendo la raya para amnistiar urbanizaciones como Empuriabrava de Girona...
Ahora el PNV quiere decidir quién puede ocupar el dominio público marítimo-terrestre, justo en el momento en el que la línea de costa se inmiscuye en sus proyectos “estratégicos”. Quiere una competencia que ni siquiera aparecía en su informe de prioridades de negociación de las transferencias pendientes en 2001. ¿Para pasarse de la raya?
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