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Montaje de las instalaciones del festival. |
Tras el revuelo originado por el informe, se ideó un convenio entre el Ayuntamiento de Mundaka y los organizadores, mediante el que el consistorio subrogaba las instalaciones y así se salvaba su naturaleza privada. Un convenio especialmente beneficioso para los promotores: el Ayuntamiento de Mundaka suministra la electricidad, agua, recogida residuos e incluso seguridad policial a los organizadores sin cobrar ninguna tasa por ello. Todo lo contrario con cualquier actividad recreativa como son las barracas. A ello agrega la cesión del polideportivo municipal ubicado junto al área del Festival, cerrado tres días para los vecinos de Mundaka. En la última edición, se ha mantenido este convenio del gratis total y los documentos no fueron facilitados a los grupos municipales hasta dos días antes del inicio del evento musical.
Todo ello en uno de los municipios vascos más endeudados: desde 2013 funciona con un plan de ajuste que le ha obligado a subir las tasas un 3%. En el festival se renuncia a cobrarlas y el evento supone gastos adicionales para el municipio, aunque el alcalde Aitor Egurrola (PNV) siempre ha sostenido que tiene un “coste cero”.
La Diputación vizcaína, el único patrocinador púbico del festival hasta ahora, ha justificado su renuencia a aportar los datos de la financiación al no tratarse de una subvención sino de un patrocinio. En el Parlamento vizcaíno, las Juntas Generales, se ha limitado a facilitar un amplio dossier de 80 folios elaborados por los organizadores en los que, solo a través de dos líneas (página 33), se informa que la aportación “pública” fue de 113.000 euros y la “privada”, 265.000 euros. En 2015 la Diputación vizcaína aportó 85.547 euros y en 2016 la ayuda se incrementó hasta los 110.000.
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Imagen del área (toda la zona verde) donde se celebra el festival. El edificio con el tejado rojo es el polideportivo municipal, que se cierra para uso de los organizadores. |
El decreto del Gobierno vasco obliga a los organizadores a presentar, antes del 31 de marzo ( es decir que ha deberían haberlo hecho), una completa memoria de la actividad, “una relación y balance” de los gastos e ingresos del festival, acompañados de “las facturas o justificantes, originales o copias auténticas de los mismos, correspondientes a la totalidad de dichos gastos e ingresos”. Justo lo que se ha eludido presentar en las tres ediciones celebradas.
Los dosieres elaborados por Emankor Sarea aportan, con todo lujo de detalles, datos ingentes de los residuos utilizados, el agua o la energía consumida, el impacto de seguidores en redes sociales, la aparición en medios de comunicación…. Pero nada concreto de la financiación.
El decreto del Departamento de Cultura también obliga a que en los carteles anunciadores y catálogos del Mundaka Festival se incluya, desde el 29 de diciembre, “una mención expresa” de la ayuda concedida por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco. En el cartel anunciador de la web del festival, solo aparece el logo del Ejecutivo vasco en general.
Es hora de conocer con detalle la financiación de un evento musical que ya ha recibido casi 350.000 euros de dinero público, unos datos que debería tener ya el Gobierno vasco. Que cada año recibe mayores inyecciones de las administraciones pese a que la asistencia se ha reducido: 5.200 espectadores en 2017 frente a los 8.000 de años anteriores (página 59 del dossier), según los datos de los organizadores. Un festival que en su primera edición incumplió la ley, en 2016 se camufló como actividad pública y se celebra sin pagar impuesto alguno a uno de los ayuntamientos más endeudados de Euskadi. Y sería deseable conocer por qué en febrero Emankor Sarea no informó de que tenía aprobada otra subvención del Gobierno vasco desde diciembre.
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