Tribuna abierta

Empleo precario, salud precaria

Por Santi Ruiz y Afrika Jiménez - Martes, 28 de Abril de 2015
 
A esta realidad le debemos añadir la práctica regresiva de los derechos en salud laboral y del derecho a la sanidad integral y u niversal.

Este año se cumplen veinte años desde que vio la luz la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Desde entonces, se ha producido un continuo retroceso en todo lo relacionado con la salud. Se eligieron los y las delegadas de prevención, se formaron los Comité de Seguridad y Salud y se dio un gran avance en materia de regulación, se tomó con ilusión la pelea en defensa de la salud laboral y esta situación fue creciendo hasta el año 2008. Pero con la escusa de la crisis comenzó a estancarse y a decrecer paulatinamente hasta el momento actual.

Podemos afirmar que no se han dado los avances esperados, de manera que hoy nos encontramos ante un cambio en la actitud empresarial que no ha hecho sino convertir la salud laboral en un archivo de papel, sin ningún compromiso firme de realizar una apuesta para cumplir los objetivos. Los gobiernos central y autonómicos, cada vez más permisivos, a la vez que bajan el nivel de exigencia a los empresarios elevan el peso de la iniciativa privada como las mutuas empresariales. Estamos ante un evidente estancamiento y ante un peligroso cambio de tendencia del propio concepto de vigilancia y cuidado de la salud en el mundo laboral.

Accidentes y enfermedades Con la bajada de la actividad industrial han disminuido tanto las muertes por accidente de trabajo como los accidentes de trabajo leves y graves. A todas luces sería una buena noticia de no ser porque es imposible conocer la multitud de casos en los que debido al miedo a la pérdida del empleo los accidentes no se declaran y se quedan en el mejor de los casos como enfermedad común. Lo mismo ocurre en sectores con alto riesgo de agresiones. Los sectores más precarios, los que soportan mayor flexibilidad y paradójicamente menor defensa sindical tienen, son los que más accidentes de trabajo aportan a las estadísticas. Tanto administraciones públicas como empresas se encargan de esconder sistemáticamente dichos datos.

Por otro lado, la pelea por sacar a la luz las enfermedades profesionales se ha visto frenada por el mismo motivo y las declaradas oscilan en función de los intereses empresariales. Estudios respecto de las enfermedades profesionales aseguran que por cada accidente de trabajo se producen hasta casi 10 enfermedades profesionales. Sin embargo, las cifras emitidas por empresas y servicios de salud se encuentras muy alejadas de ellos. Por otro lado, a pesar de obligarlo la ley, las evaluaciones de riesgos psicosociales son casi residuales, incluso inexistentes, siquiera en ámbitos con un alto grado de riesgo como Sanidad, Educación y cuidados a personas con dependencia.

Nuevas causas La durísima y regresiva reforma laboral, los nuevos sistemas organizativos en las empresas donde se exige más y más responsabilidad individual, el aumento de la denominada flexibilidad horaria con horas por encima de la jornada incluso sin cobrar, los contratos por unos pocos días o por horas con salarios paupérrimos, la presión cada día mayor por la carga de trabajo mental, la cada vez mayor deslocalización… están suponiendo nuevas causas de deterioro de nuestra salud que no se estudian o si se hace se queda en círculos muy cerrados y que raramente se contrastan con las personas trabajadoras . Especialmente vulnerables son las mujeres, a menudo excluidas del mercado laboral o condenadas al trabajo parcial, lo que supone condenarlas a seguir siendo las responsables de las labores domésticas y del cuidado de las personas dependientes, y los y las jóvenes abocadas de por vida a la precariedad.

Si la situación en los centros de trabajo contiene estos elementos, debemos denunciar la actitud de los diferentes gobiernos del PP, que otorgan cada vez más capacidad de control a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, control que llega hasta el hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras cuando enferman por motivos no laborales. Al control del personal sanitario de atención primaria se le pretende imponer el inquisidor control de las Mutuas por encima de los sistemas públicos de Osakidetza u Osasunbidea y que, de no evitarlo, puede llegar a dejar sin efecto la labor de la medicina pública pasando cada vez más a defender intereses privados empresariales.

Ante este panorama es imprescindible seguir denunciando y luchando en cada centro de trabajo, exigiendo un cumplimiento exhaustivo de las normas, una vigilancia periódica de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, e inversión en maquinaria y en seguridad de manera que evitemos esfuerzos físicos innecesarios y mejoremos la ergonomía, un adecuado ambiente de trabajo que minimice los riesgos psicosociales y unas prestaciones económicas suficientes garantizadas.

De la misma manera, debemos dar un salto cualitativo y exigir un sistema público único de salud que haga frente de forma global tanto a los problemas dentro de los centros de trabajo como a la ciudadanía en su vida diaria. Se debe potenciar los servicios públicos de la administración en materia de salud laboral y acrecentar el número y calidad de las inspecciones de trabajo, otorgando a ambas un carácter más ejecutivo y con poderes sancionadores.

Repartir jornada, minimizar riesgos Para ello, habrá que retirar el poder a las mutuas tanto en el ámbito sanitario de la salud como en el de gestor de las enfermedades comunes por su papel controlador y agresivo para la salud de las personas. Pero también es necesario pelear por un empleo que no nos haga enfermar, donde el derecho al descanso y a la baja sea una realidad, posibilitar el reparto de las jornadas de trabajo entre más personas, decisivo para disminuir los efectos de los riesgos y mejorar las condiciones de vida, eliminación de turnos de noche y de todas aquellas condiciones de riesgo laboral que no se aceptarían de no vivir con miedo a la pérdida de empleo.

Los trabajos son diversos y unos son remunerados y otros, no. Unos son una forma de ganarse la vida; los otros, una forma de mantenerla. Tenemos que trabajar para vivir, pero de ninguna manera vivir para trabajar.

Creemos y proponemos otro modelo de sociedad, en el que la producción y el rendimiento no sean más importantes que las personas y el mercado y la banca más importantes que los servicios públicos. Debemos defender la diversidad de roles, la corresponsabilidad en las tareas para todas las personas y la existencia de recursos públicos universales. En definitiva, cuidar la vida, las personas y los recursos naturales, invertir en mejorar los servicios públicos fundamentales: educación, sanidad, atención a las personas mayores, lucha contra la exclusión social.