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| El exalcalde de Bermeo Xabier Legarreta. / E.C. |
- El actual equipo de Gobierno, de Bildu, acusaba al anterior regidor de tomaba decisiones urbanísticas "sin informar antes al Consejo de Administración de la sociedad pública Beruala"
EL CORREO mirari artime | bermeo
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha archivado de manera definitiva la causa contra el exalcalde de Bermeo, Xabier Legarreta (PNV), actual director foral de Igualdad, por un presunto delito de prevaricación y societario en la gestión de 38 viviendas de VPO en el barrio San Martín. En su resolución, el juez desestima el recurso de apelación planteado por la Sociedad Pública Beruala dependiente del Ayuntamiento de la villa (Bildu), contra el auto del Juzgado de Gernika que decidió sobreseer el pasado mes de julio las diligencias previas y archivar las actuaciones, al considerar que «no se acreditó delito alguno».
La denuncia contra el exregidor, así como contra el exteniente de alcalde, Iñigo Imatz, fue interpuesta en julio de 2013. Según las conclusiones del informe elaborado por la comisión de investigación que puso en marcha el equipo de Gobierno local (Bildu) nada más asumir las riendas del Consistorio para depurar responsabilidades políticas, Legarreta, «tomaba decisiones urbanísticas sin informar antes al Consejo de Administración de Beruala», recogía el documento remitido a la Fiscalía como base para iniciar el proceso judicial.
Infracción administrativa.
Infracción administrativa
Beruala, promotora de las VPO de San Martín, acumulaba el pasado año una deuda de 4,1 millones de euros más los 3,4 millones de fianza requeridos por el juzgado tras la orden de derribo -en ejecución en la actualidad- de las dos últimas plantas del edificio, construidas de manera irregular. En el auto dictado el pasado jueves por la Audiencia Provincial y sobre el que no cabe recurso alguno, se reitera que no existen «indicios de la comisión de los delitos imputados». En concreto, en relación a la denuncia de prevaricación, la resolución determina que «lo que se imputa es la construcción de un edificio sin haberse ajustado a los términos de la licencia concedida y tal hecho podría ser constitutivo sin más de una mera infracción administrativa».
Por lo que respecta al posible delito societario, el magistrado sostiene que «el perjuicio mercantil que se haya podido causar a Beruala y al Ayuntamiento de más de tres millones y medio no se ha determinado que se haya producido mediante falsedad de cuentas o de otro documento contable». Por todo ello, el juez archiva definitivamente el caso.
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