- El edil imputado asegura que no dimitirá tras obtener el apoyo de sus compañeros de partido
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| El Bloque de viviendas objeto de la Discordia |
Bermeo - El edil de Urbanismo de Bermeo, Juan Karlos Goienetxea, acudirá al juzgado de Gernika-Lumo el próximo 21 de enero a declarar como imputado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por el caso San Miguel. Conocida públicamente su situación procesal esta misma semana, en un principio apuntó que se echaría a un lado para que el asunto urbanístico y sus ramificaciones en los tribunales no salpicaran al Ayuntamiento costero. Anunció que presentaría su dimisión. Sin embargo, el apoyo otorgado por los representantes de Bildu a su trabajo en el Consistorio ha frenado su petición.
“Bildu, tanto mis compañeros concejales como los responsables del partido a nivel local, creen que no debo dimitir ya que yo no tomé las decisiones por las que me imputan, sino que son de 2008 y 2009”, citó ayer un Goienetxea que ha ostentado en el pasado el cargo de alcalde en la villa durante 16 años de la mano de Eusko Alkartasuna. Es más, la coalición en Bermeo trasladó las sospechas por los hechos por los que el edil está imputado al PNV, que gobernó durante la legislatura anterior.
Los responsables de la coalición, en la que EA tiene un importante peso específico en la villa marinera, apuntaron que Goienetxea “tiene todo el apoyo del Gobierno municipal y de Bildu y tenemos total confianza en él”. Lo hicieron con un comunicado remitido a media tarde, después de que el Consistorio deconvocara ayer una comparecencia de prensa menos de tres horas antes de su celebración. En ella iban a tomar parte Goienetxea y la alcaldesa, Idurre Bideguren.
Horas antes de esa finalmente anulada aparición ante los medios de comunicación, también se reunieron con los asesores jurídicos municipales. “En 28 años que llevo en el Ayuntamiento jamás me ha pasado una circunstancia similar”, apuntó ayer el concejal, para concretar que recurrirá su imputación. Bildu dará más explicaciones en una rueda de prensa la semana próxima.
Sea como fuere, lo cierto es que Goienetxea debería prestar declaración en calidad de imputado a comienzo de 2015, el mismo día que también testificará como imputado un constructor local. Lo hará por la vía penal que se sigue en el juzgado gernikarra tras la presentación de una denuncia de un vecino de la zona de San Miguel que también consiguió tumbar -tras pleitear en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)- una reclasificación urbanística a través del Plan General de Ordenación Urbana al que se le dio luz verde definitiva en 2012. Ello dio cobijo al desgajamiento de un solar, cuya calificación pasó de urbanizable a urbana. Una promotora obtuvo tiempo después la licencia que ha dado pie a la construcción de una promoción de 16 viviendas, con seis tasadas.
El auto de imputación por los supuestos delitos que pesan sobre Goienetxea especifica que se han dado “una serie de actuaciones urbanísticas de difícil justificación tanto desde una vertiente técnica como jurídica”, especialmente en lo que respecta a las diferentes respuestas que obtuvieron las solicitudes del demandante y del constructor para reclasificar la parcela, además de sobre una cesión que la promotora realizó sobre un solar colindante a la unidad de ejecución bajo lupa judicial. Asimismo, la jueza advierte en su auto de que el caso cuenta con “indicios” de que se hubiera podido cometer “una actuación de relevancia penal”.
El demandante teme que se puedan ejecutar nuevas promociones en el solar en pugna judicial. Por ello, la promoción de San Miguel está actualmente paralizada por orden judicial como medida cautelar, aunque el TSJPV haya emitido otra orden en sentido contrario. Pero, sobre todo, pesa la incertidumbre sobre qué sucederá con unas viviendas que, hoy en día, no podrían ser escrituradas en el Registro de la Propiedad.
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