GARA 11/11/2013
La sombra del clientelismo jelkide en Bizkaia asoma en las irregularidades
En el último lustro, especialmente a
raíz de que terminase el apartheid político hacia la izquierda
abertzale, se suceden las denuncias de irregularidades en
consistorios vizcainos. Lemoa, Bakio, Lezama, Zaldibar, Alonsotegi,
Bermeo, Errigoiti, Zierbena, Karrantza y Leioa son algunos municipios
alcanzados, según diversas fuentes, por la sombra de un supuesto
entramado clientelar de familias vinculadas al PNV.
Agustín GOIKOETXEA |
Juzgados u órganos de fiscalización
como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) investigan
distintas denuncias sobre la gestión en consistorios vizcainos. En
medios de comunicación, foros institucionales y sedes judiciales se
tratan y abordan diferentes irregularidades que se han cobrado
escasas víctimas políticas, a pesar de que en la mayoría de los
casos los implicados son militantes de la misma formación, el PNV.
En ese contexto ve la luz ``Jóvenes
Burukides Bizkainos. Clientelismo y `fontanería' en el PNV'', un
libro de Ahoztar Zelaieta en el que este periodista investiga un
compendio de delitos contra la Administración pública y su
Hacienda, procesos judiciales por corrupcion y financiación
irregular relacionados con el partido que lidera Andoni Ortuzar, así
como con empresas privadas ligadas a destacados militantes,
familiares y simpatizantes del PNV. «El clientelismo como modus
vivendi de un grupo de jelkides con similar modus operandi», apuntan
desde la editorial Txalaparta, que presenta esta novedad para la
Azoka de Durango.
Zelaieta, que participó en el equipo
de investigación de ``Egin'' y fue editor de la revista ``Ardi
Beltza'', aclara desde el principio de su trabajo que lo abordado en
esta publicación es «la punta del iceberg de un entramado
clientelar de familias del PNV». Según se desprende de la
documentación oficial recabada por el periodista, esta estructura se
compone «de varios apellidos con pedigrí en el PNV, cuya iniciativa
privada tiene como principal cliente a la Administración pública
vasca».
El periodista advierte que, «a través
de la agenda oculta de la elite política que colisiona con una
supuesta igualdad de oportunidades, algunos hijos de burukides y
varios miembros del Bizkai Buru Batzar (BBB) han convertido esta
relación clientelar en su modus vivendi». En su trabajo, Ahoztar
Zelaieta limita el estudio a un número reducido de miembros del BBB,
algunos hijos de burukides y destacados Jóvenes Burukides Bizkainos
que se engloban en la conocida etiqueta ``JoBuBi''.
La familia Atutxa
En ese supuesto entramado destacan las
empresas de la familia de Juan María Atutxa, «con adjudicaciones de
contratos públicos que rondan los 40 millones de euros». Sobresale
Asier Atutxa, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao;
su hermano Iskander, implicado en un proceso judicial sobre delitos
contra la Administración pública; y la hermana del que fue
presidente del Parlamento de Gasteiz y consejero de Interior, María
Ángeles, además de su sobrino menor Jon.
Los negocios de la familia Atutxa
-según la investigación- se diversifican entre la construcción, la
arquitectura, la ingeniería y la gestión de residencias, siendo su
principal cliente, tal y como esas firmas publicitan, la
Administración pública vasca. Un juzgado de Gernika, por ejemplo,
investiga 22 contratos adjudicados a empresas privadas del arquitecto
municipal de Bakio, que no es otro que Iskander Atutxa. Se trata de
16 contratos facturados a ese ayuntamiento por Iskander Atutxa
Mendiola Zalduegi Estudioa y seis más de Arkigest Estudioa,
propiedad suya.
Arkigest ha asesorado a consistorios
como Zaldibar, Bakio y Lezama, donde se han generado grandes
controversias con asuntos urbanísticos que han terminado en los
tribunales. Pero los intereses de la familia Atutxa no se limitan a
la construcción de iniciativa privada y a las obras públicas, ya
que a Asier e Iskander se les asocia a compañías que se dedican a
servicios de asistencia social, sanitaria y gerontología.
Zelaieta destaca a María Ángeles
Atutxa Mendiola, hermana del actual presidente de la Fundación
Sabino Arana, como «pionera en contratos en obras públicas» desde
hace «más de 20 años» y «vinculada a Construcciones Ekin SL».
Esa firma, según se recoge en el libro, obtuvo muchas adjudicaciones
en su localidad natal, Lemoa, pero también en Lemoiz, Berriatua,
Basauri, Ugao o la Diputación vizcaina y el Ejecutivo de Lakua.
Lemoa es sin duda otro de los nombres
propios del modo de gobernar del PNV. Tras haber dirigido el
Ayuntamiento desde 1979, Bildu se hacía en mayo de 2011 con la
Alcaldía y comenzaba a sacar a la luz aspectos oscuros de la gestión
jelkide, como el txoko «clandestino» encontrado en unas
dependencias municipales, los 16.000 euros gastados en puros y los
48.000 en «cenas de compromiso». El escándalo hizo que el Bizkai
Buru Batzar pidiera disculpas, al tiempo que el exalcalde Jabier
Beobide entregó su carné al partido. Hoy en día quedan muchos
aspectos por aclarar, vinculados al ámbito urbanístico.
Ocupan varias páginas los negocios de
Nagore Ardanza, hija del que fue lehendakari, en Idoki, una empresa
dedicada a la investigación y desarrollo experimental en
biotecnología que ha recibido en los últimos cinco años más de
dos millones de euros en ayudas y subvenciones de distintas
administraciones públicas. La aludida en el libro es una de las
pocas que contestan a los requerimiento del autor, al contrario que
Sabin Etxea, que no lo hace.
Otros burukides con intereses privados
son, por ejemplo, Gotzon Bilbao, responsable de Alaiki Zerbitzu
Gizakulturalak SL, con más de una treintena de contratos con
ayuntamientos desde 2000; o el que fue alcalde de Mundaka y actual
diputado vizcaino de Presidencia y portavoz foral, Unai Rementeria.
También se cita en el libro de Zelaieta a Asier Arzalluz, hijo del
que fue líder carismático jelkide, al hilo de una trama de
supuestas irregularidades ligadas al número dos del PNV en Araba,
Alfredo de Miguel, al igual que la del exedil de Leioa Iñaki San
Juan.
«BakioDor»
Hay que citar también al que fue
alcalde de Bakio, el jelkide Txomin Renteria, municipio costero en
que a partir de 2006 se instaló el foco mediático tras la labor de
denuncia de vecinos, ecologistas y oposición municipal. «Alguien
pensó que aquello se podía convertir en el Zarautz de Bizkaia y
toda la maquinaria del partido se puso manos a la obra» para
edificar 1.900 nuevas viviendas en una localidad con escasos 2.500
habitantes censados. Todo iba a empezar con la operación de Ohija,
unos terrenos encima del biotopo de San Juan de Gaztelugatxe, donde
se iba a construir 436 viviendas de lujo y un campo de golf.
«Hoy por hoy -comenta el periodista-,
Bakio se enfrenta a una deuda de seis millones; son 2.700 euros por
vecino. El PNV trata de remontar la situación que su partido ha
creado a base de créditos con entidades financieras y Diputación».
Ahoztar Zelaieta deja entrever que las decisiones que afectan a esa
localidad no las adopta ni la Junta Municipal del PNV local ni el
actual alcalde, Aitor Apraiz.
En Bakio se contrataron desde 2004 los
servicios como arquitecto municipal de Iskander Atutxa y de las
empresas bajo su control. A su vez, la ejecución de las obras
proyectadas fue «a sociedades controladas por influentes familias
del PNV como los Atutxa, Urrutikoetxea y Olabarri». Hasta el
secretario del Ayuntamiento, desvela, redactó varios informes
advirtiendo de posibles irregularidades en caso de contratar sin
garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia de
empresas.
De tal magnitud es la implicación de
personas vinculadas al PNV que el titular del juzgado de Gernika que
investiga las irregularidades nombró a la Guardia Civil como Policía
Judicial, en vez de apoyarse en la Ertzaintza.
La
localidad natal del lehendakari Urkullu, salpicada por el escándalo
Uno de los municipios que han tenido
que ser rescatados por la Diputación vizcaina tras una gestión
jelkide poco transparente es Alonsotegi, localidad natal del actual
inquilino de Ajuria Enea. Al igual que Bakio, su consistorio está
muy endeudado -su déficit ronda los 7,3 millones de euros- tras
importantes operaciones inmobiliarias impulsadas por el PNV, con
informes contrarios de la interventora y economista municipal.
En las graves irregularidades
denunciadas están implicados tres alcaldes: Gabino Martínez de
Arenaza, actual director de Turismo y Promoción Exterior de la
Diputación vizcaina; Aitor Santisteban; y José Luis Erezuma, socio
de la empresa de jets privados Bilbao Bizkaia Airlines SL. El de
Alonsotegi es un caso más, aunque grave viendo la dimensión de la
deuda y de la localidad afectada.
En las conclusiones, Ahoztar Zelaieta
confiesa que «durante la investigación, cuando más se abría el
objeto del estudio, las ramificaciones de los casos de clientelismo y
corrupción vinculados al PNV derivaban de Bakio a Alonsotegi, de
Bizkaia a Gipuzkoa y Araba, de Euskal Herria a distintas comunidades
autónomas del Estado español, de Urdaibai a las Islas Canarias, de
Iurreta a Sicilia, de Bilbao a Nueva York...»
A pesar de los intentos del autor por
contrastar con distintas fuentes jelkides las diferentes
informaciones recogidas en la publicación, la respuesta del PNV, al
tiempo de enviar el libro a la imprenta, fue el silencio más
absoluto. Asimismo, se instó al PSE a que opinase, contestando al
igual que los jeltzales. El periodista lo intentó «con ánimo de
contrastar más las informaciones y ofrecer al lector otros elementos
de valor con los que formarse un criterio sobre el contenido. Nunca
-aclara- como estrategia de marketing o táctica de defensa
jurídica». A.G.
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