ARTICULO SOBRE LA LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN LOCAL
Postular la racionalización y sostenibilidad de algo presupone cierta
irracionalidad e insostenibilidad previa. Y ese es, precisamente, el
prejuicio del que parte el Anteproyecto de Ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local de 18 de febrero de 2013.
Hemos de suponer que la administración local española, para el Gobierno
que impulsa dicho texto, aparece como algo irracional e insostenible,
que consume recursos innecesariamente y presta servicios encarecidos e
redundantes, solapando su actividad, quien sabe por qué razones, con las
que diligentemente prestan otros niveles de gobierno. Uno, que todavía
tiende a pensar en la racionalidad y sostenibilidad de los gobernantes,
quien sabe por cuanto tiempo, presupone que todo ello estará basado en
rigurosos estudios, en datos contrastados, en análisis detenidos de la
realidad que se pretende reformar y mejorar. Pero no, no es así.
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