LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES, un articulo del profesor Vicenç Navarro.
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LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL
Y EL NEW YORK TIMES
Vicenç Navarro
21 de octubre de 2011
Vicenç Navarro
21 de octubre de 2011
El New York
Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín,
presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de
España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones
financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados
Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es
propietario de Sovereign Bank.
Lo que le
interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el
comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el
de su familia, así como su enorme influencia política y mediática
en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco
rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios
sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU y
uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se
escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente
Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio
Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial.
Según el New York Times,
esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes
empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es
enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del
fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000
millones de euros que el Estado español (incluido el central y los
autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la
cifra del déficit de gasto público social de España respecto la
media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que
España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad,
educación, escuelas de infancia, servicios a personas con
dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene
y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de
las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal
realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El
resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a
recogerlos.
En realidad, la gran mayoría
de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se
centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude
fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria
del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Ma Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”. Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos.
El Presidente de la
Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida
de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor
testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de
tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de
frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la
propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países
donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto
redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al
año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado
hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el
Estado español está hoy realizando.
Pero otra observación que
hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el
silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude
fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de
temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander,
que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco
Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca
uno de los sectores más importantes en la financiación de los
medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino
también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia-
“....medidas de enorme importancia en un momento como el actual,
donde los medios están en una situación financiera muy delicada”.
De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo,
porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el
mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo
que llaman “libertad de prensa”.
*Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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