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Francisco Letamendia "Ortzi"
LA Declaración de Alsasua de noviembre de 2009 que inspira los pasos actuales del nacionalismo vasco de izquierdas aludió a los Principios Mitchell de 1996 como guía de su actuación. Según los Principios, los medios para resolver los problemas políticos debían ser democráticos y exclusivamente pacíficos. Fueron ellos los que inspiraron el proceso de paz en Irlanda del Norte.
Si se compara la teoría y la práctica de este proceso con la actitud mantenida hasta ahora por el Estado español, nos encontramos con una caricatura del mismo. Examinemos sus principales elementos:
En junio de 1998 se creó la Unidad de Víctimas en Irlanda del Norte. Pero la distribución de su fondo dio lugar a polémicas: asociaciones unionistas que alegaban representar a "las víctimas del terror nacionalista" se unificaron en un organismo paraguas. El secretario de Estado Bloomfield no excluyó sin embargo de la Comisión de Víctimas a quienes no apoyaban al Estado británico ni a las víctimas de la violencia estatal. En el curso de este proceso, los responsables políticos de las partes enfrentadas pidieron simbólicamente perdón por el sufrimiento causado.
El tratamiento de las víctimas en nuestro caso difiere radicalmente del modelo norirlandés. Desde marzo de 2011 existe una iniciativa aprobada por el Parlamento Vasco para atender a todas las víctimas de motivación política apoyada por todos los grupos menos PP y UPyD, los cuales se oponen a equiparar a las víctimas de ETA con las que sufrieron violencia policial o de grupos ultraderechistas.
El Gobierno español de Rajoy ha asumido este discurso unilateral y su ausencia absoluta de imparcialidad. Ello ha hecho de la exigencia a ETA de petición de perdón la humillación unilateral de una de las partes del conflicto.
Según el Mitchell Report, este debía ser supervisado por un organismo independiente: la Comisión Independiente Internacional para el Decomiso, la cual fue presidida en efecto por el general canadiense De Chastelain. Las armas ilegales fueron entregadas a la Comisión y no a las fuerzas de seguridad y fueron destruidas para impedir tanto su uso ilegal como futuras acciones judiciales contra quienes las hubieran portado o utilizado.
En nuestro caso, la actitud arrogante del anterior gobierno socialista al afirmar que la única Comisión de Verificación serían los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha sido heredada por el gobierno del PP. De hecho, las detenciones de miembros de ETA por los cuerpos policiales no han experimentado solución de continuidad tras la declaración de ETA del fin de su actividad armada.
En 1994 había 1.429 presos en las cárceles de Irlanda del Norte y un pequeño número de ellos en las de Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos y Europa continental. Las comunidades tenían visiones muy distintas de los presos. Para los unionistas, se trataba de terroristas criminales; para los republicanos, miembros de un ejército de resistencia contra el colonialismo británico. Pero cualquier acuerdo exigía su liberación.
Una Comisión Independiente examinó cada caso. No se trataba, por tanto, de una amnistía: los presos que volvieran a implicarse en la violencia deberían regresar para completar la totalidad de la condena. El Acuerdo de Stormont de 1998 estableció dos salvaguardias: los familiares de las víctimas tenían derecho a pedir información sobre la puesta en libertad del condenado por el crimen en cuestión y las liberaciones eran condicionales: si la persona liberada volvía a ser procesada durante el tiempo de la condena, tendría que volver a prisión. Sin embargo, la liberación de los presos ha sido implementada sin mayores dificultades en el plazo de unos pocos años.
En el País Vasco existen en la actualidad más de 700 presos de ETA o de su llamado "entorno" dispersos en 80 cárceles y separados 650 kilómetros por término medio de sus familias. Solo 40 están encarcelados en tierras vascas, y unos 110 padecen enfermedades físicas.
De momento, reina un inmovilismo total en esta cuestión, la más sensible sin duda para una gran mayoría de la sociedad vasca. Las fuerzas políticas españolas coinciden en afirmar que no habrá amnistía; lo que no es óbice, como lo demuestra el caso norirlandés, para la liberación de los presos. La actitud de la izquierda abertzale está siendo pragmática y gradualista. La gigantesca manifestación convocada por la iniciativa Egin Dezagun Bidea el 7 de enero de 2012 en Bilbao en defensa de los derechos de los presos, la mayor sin duda de las realizadas en el País Vasco, se centró en temas tales como el acercamiento de los presos, la puesta en libertad de los afectados por enfermedades irreversibles y de los que debieran ser liberados en aplicación del reglamento penitenciario, la derogación de la doctrina Parot…
Dirigentes del Partido Nacionalista Vasco así como el lehendakari socialista del actual Gobierno vasco han pedido públicamente una readecuación de la política penitenciaria. Pero el gobierno del PP no ha adoptado medida alguna, ni siquiera la inhabilitación de las medidas represivas especiales; exige para ello como requisito previo la disolución de ETA y la petición unilateral de perdón por los presos.
La mediación internacional ha sido un elemento necesario en la construcción de la paz en sociedades divididas por conflictos nacionales, donde que lo que está en juego es la naturaleza de los estados involucrados. Esta mediación, vehiculada a través del Grupo Internacional de Contacto, se ha manifestado en la Conferencia de Ayete de octubre de 2011, seguida a los pocos días por la Declaración de ETA de cese de la actividad armada. Sus portavoces, Kofi Annan y el senador Mitchell, junto a todos los protagonistas de la resolución del conflicto de Irlanda del Norte, confirmaron que lo que contaba, contrariamente al discurso de los gobernantes españoles, era la declaración de cese definitivo de la actividad armada, y no la disolución o la entrega de las armas. Dieron también por descontado que mientras siguiera habiendo presos de ETA en las cárceles seguiría existiendo una ETA no violenta dedicada a resolver esta consecuencia del conflicto por medios pacíficos, tales como el diálogo con los gobiernos.
La divergencia de estos planteamientos con los de los estados español y francés es evidente.
Es obvia la necesidad de integrar como interlocutores a todos los agentes necesarios para la consecución de la reconciliación sostenible. Y sin embargo, este requisito brilla por su ausencia en nuestro no-nato proceso de paz. Baste con señalar que el partido Sortu, creado en febrero de 2011, sigue ilegalizado, que Arnaldo Otegi y los dirigentes de la izquierda abertzale que la habían conducido a la ruptura con la violencia están encarcelados, y que el PP no ha permitido a Amaiur formar grupo parlamentario propio, negándose el presidente Rajoy a recibir a sus portavoces.
Esta fotografía amarga de la situación actual no debe incitar al pesimismo, y aún menos a la pasividad. Cuando todo un pueblo está en marcha es inútil poner puertas al mar.
Se está abriendo en el País Vasco la posibilidad de un pacto sin exclusiones. Pues la reconciliación sostenible significará finalmente eso: la construcción del lugar en el que, tras aceptar que las visiones de las causas profundas del conflicto son por fuerza distintas, se consensúe la convivencia entre los diferentes.
Francisco Letamendia "Ortzi"
LA Declaración de Alsasua de noviembre de 2009 que inspira los pasos actuales del nacionalismo vasco de izquierdas aludió a los Principios Mitchell de 1996 como guía de su actuación. Según los Principios, los medios para resolver los problemas políticos debían ser democráticos y exclusivamente pacíficos. Fueron ellos los que inspiraron el proceso de paz en Irlanda del Norte.
Si se compara la teoría y la práctica de este proceso con la actitud mantenida hasta ahora por el Estado español, nos encontramos con una caricatura del mismo. Examinemos sus principales elementos:
En junio de 1998 se creó la Unidad de Víctimas en Irlanda del Norte. Pero la distribución de su fondo dio lugar a polémicas: asociaciones unionistas que alegaban representar a "las víctimas del terror nacionalista" se unificaron en un organismo paraguas. El secretario de Estado Bloomfield no excluyó sin embargo de la Comisión de Víctimas a quienes no apoyaban al Estado británico ni a las víctimas de la violencia estatal. En el curso de este proceso, los responsables políticos de las partes enfrentadas pidieron simbólicamente perdón por el sufrimiento causado.
El tratamiento de las víctimas en nuestro caso difiere radicalmente del modelo norirlandés. Desde marzo de 2011 existe una iniciativa aprobada por el Parlamento Vasco para atender a todas las víctimas de motivación política apoyada por todos los grupos menos PP y UPyD, los cuales se oponen a equiparar a las víctimas de ETA con las que sufrieron violencia policial o de grupos ultraderechistas.
El Gobierno español de Rajoy ha asumido este discurso unilateral y su ausencia absoluta de imparcialidad. Ello ha hecho de la exigencia a ETA de petición de perdón la humillación unilateral de una de las partes del conflicto.
Según el Mitchell Report, este debía ser supervisado por un organismo independiente: la Comisión Independiente Internacional para el Decomiso, la cual fue presidida en efecto por el general canadiense De Chastelain. Las armas ilegales fueron entregadas a la Comisión y no a las fuerzas de seguridad y fueron destruidas para impedir tanto su uso ilegal como futuras acciones judiciales contra quienes las hubieran portado o utilizado.
En nuestro caso, la actitud arrogante del anterior gobierno socialista al afirmar que la única Comisión de Verificación serían los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha sido heredada por el gobierno del PP. De hecho, las detenciones de miembros de ETA por los cuerpos policiales no han experimentado solución de continuidad tras la declaración de ETA del fin de su actividad armada.
En 1994 había 1.429 presos en las cárceles de Irlanda del Norte y un pequeño número de ellos en las de Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos y Europa continental. Las comunidades tenían visiones muy distintas de los presos. Para los unionistas, se trataba de terroristas criminales; para los republicanos, miembros de un ejército de resistencia contra el colonialismo británico. Pero cualquier acuerdo exigía su liberación.
Una Comisión Independiente examinó cada caso. No se trataba, por tanto, de una amnistía: los presos que volvieran a implicarse en la violencia deberían regresar para completar la totalidad de la condena. El Acuerdo de Stormont de 1998 estableció dos salvaguardias: los familiares de las víctimas tenían derecho a pedir información sobre la puesta en libertad del condenado por el crimen en cuestión y las liberaciones eran condicionales: si la persona liberada volvía a ser procesada durante el tiempo de la condena, tendría que volver a prisión. Sin embargo, la liberación de los presos ha sido implementada sin mayores dificultades en el plazo de unos pocos años.
En el País Vasco existen en la actualidad más de 700 presos de ETA o de su llamado "entorno" dispersos en 80 cárceles y separados 650 kilómetros por término medio de sus familias. Solo 40 están encarcelados en tierras vascas, y unos 110 padecen enfermedades físicas.
De momento, reina un inmovilismo total en esta cuestión, la más sensible sin duda para una gran mayoría de la sociedad vasca. Las fuerzas políticas españolas coinciden en afirmar que no habrá amnistía; lo que no es óbice, como lo demuestra el caso norirlandés, para la liberación de los presos. La actitud de la izquierda abertzale está siendo pragmática y gradualista. La gigantesca manifestación convocada por la iniciativa Egin Dezagun Bidea el 7 de enero de 2012 en Bilbao en defensa de los derechos de los presos, la mayor sin duda de las realizadas en el País Vasco, se centró en temas tales como el acercamiento de los presos, la puesta en libertad de los afectados por enfermedades irreversibles y de los que debieran ser liberados en aplicación del reglamento penitenciario, la derogación de la doctrina Parot…
Dirigentes del Partido Nacionalista Vasco así como el lehendakari socialista del actual Gobierno vasco han pedido públicamente una readecuación de la política penitenciaria. Pero el gobierno del PP no ha adoptado medida alguna, ni siquiera la inhabilitación de las medidas represivas especiales; exige para ello como requisito previo la disolución de ETA y la petición unilateral de perdón por los presos.
La mediación internacional ha sido un elemento necesario en la construcción de la paz en sociedades divididas por conflictos nacionales, donde que lo que está en juego es la naturaleza de los estados involucrados. Esta mediación, vehiculada a través del Grupo Internacional de Contacto, se ha manifestado en la Conferencia de Ayete de octubre de 2011, seguida a los pocos días por la Declaración de ETA de cese de la actividad armada. Sus portavoces, Kofi Annan y el senador Mitchell, junto a todos los protagonistas de la resolución del conflicto de Irlanda del Norte, confirmaron que lo que contaba, contrariamente al discurso de los gobernantes españoles, era la declaración de cese definitivo de la actividad armada, y no la disolución o la entrega de las armas. Dieron también por descontado que mientras siguiera habiendo presos de ETA en las cárceles seguiría existiendo una ETA no violenta dedicada a resolver esta consecuencia del conflicto por medios pacíficos, tales como el diálogo con los gobiernos.
La divergencia de estos planteamientos con los de los estados español y francés es evidente.
Es obvia la necesidad de integrar como interlocutores a todos los agentes necesarios para la consecución de la reconciliación sostenible. Y sin embargo, este requisito brilla por su ausencia en nuestro no-nato proceso de paz. Baste con señalar que el partido Sortu, creado en febrero de 2011, sigue ilegalizado, que Arnaldo Otegi y los dirigentes de la izquierda abertzale que la habían conducido a la ruptura con la violencia están encarcelados, y que el PP no ha permitido a Amaiur formar grupo parlamentario propio, negándose el presidente Rajoy a recibir a sus portavoces.
Esta fotografía amarga de la situación actual no debe incitar al pesimismo, y aún menos a la pasividad. Cuando todo un pueblo está en marcha es inútil poner puertas al mar.
Se está abriendo en el País Vasco la posibilidad de un pacto sin exclusiones. Pues la reconciliación sostenible significará finalmente eso: la construcción del lugar en el que, tras aceptar que las visiones de las causas profundas del conflicto son por fuerza distintas, se consensúe la convivencia entre los diferentes.
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