Para el señor Vidaechea, recién elegido alcalde de Bermeo, el pleno municipal del 17 de enero de 1912 fue un infierno. Alrededor de las nueve y media de la noche, una vez finalizada la sesión y después de que todos los concejales excepto uno hubieran abandonado el edificio, un nutrido grupo de personas que se había dado cita en la plaza frente a la Casa Consistorial empezó a exigir la presencia inmediata del alcalde. Éste, asustado, se ocultó en una de las dependencias del Ayuntamiento con la esperanza de que la multitud se cansara y se disolviera. Nada más lejos de la realidad. Según el informe elaborado por el jefe de la Guardia Civil de Bermeo, un puñado de exaltados penetró en el edificio con la intención de apoderarse del alcalde. Algunos lanzaban gritos tales como «¡Que salga el toro!» o «¡Abajo el caciquismo!»; otros, mucho más radicales, exigían que una vez atrapado se le tirase por el balcón. Por fortuna, para Vidaechea no hubo defenestración. Se limitaron a empujarle, golpearle, rasgarle las ropas y llevarlo a rastras hasta su casa. En ese punto apareció la benemérita, que, tras dar los tres toques de atención reglamentarios, consiguió disolver la manifestación.
Manifestación pacífica
A muy pocos extrañó el ataque. Una buena parte de la población de Bermeo no quería a Vidaechea como alcalde. El bando anticaciquista, así se hacía llamar la oposición revoltosa, reclamaba que se respetasen los resultados de las elecciones municipales celebradas el 12 de noviembre de 1911 y en las que la candidatura formada por católicos, antiliberales y nacionalistas había obtenido siete de los nueve concejales que formaban el Consistorio bermeano. Dicho de otro modo: exigían tanto al ministro de la Gobernación, encargado directo de la designación, como al Presidente del Consejo de Ministros, señor Canalejas, una rectificación de la Real Orden de designación y que se atuvieran a la realidad electoral. De hecho, ya el 6 de enero había tenido lugar una manifestación pacífica -se llegó a hablar, según los organizadores, de 8.000 y 10.000 personas- en la que se reclamó la sustitución del señor Vidaechea, quien, precisamente, había jurado el cargo hacía apenas cuatro días. «En nombre del comité anticaciquista organizador acto público protesta -rezaba el telegrama enviado al Ministerio de Gobernación- ponemos en conocimiento de V.S. que acaban de celebrarse mitin y manifestación grandiosa pidiendo inmediata destitución alcalde Vidaechea, habiendo patentizado dichos actos su importancia».
En dicha manifestación, los manifestantes guardaron el orden en todo momento incluso cuando, al llegar a la plaza del Ayuntamiento, fueron increpados por un grupo del bando opuesto. Su interés por que la cuestión de rechazo del señor Vidaechea no fuera adscrita a partido o movimiento político alguno quedó patente en el hecho de que al frente de la misma se colocó un pescador que portaba la bandera española. Al parecer, contra lo que llegó a decirse, las motivaciones no eran en absoluto separatistas a pesar de que distinguidos miembros nacionalistas apoyaron y estuvieron presentes en dicha manifestación. Por su parte, la Sociedad Liberal Democrática, partidaria sin duda alguna del alcalde, calificó la manifestación de fracaso. Según sus estimaciones, a la misma no acudieron más que unas 480 personas. Además, denunciaron el egoísmo de muchos de los llamados anticaciquistas que antes habían figurado como fervientes liberales y que, entonces, por simple y puro negocio se habían «cambiado de chaqueta».
Única solución
Evidentemente, la autoridad competente, a través del gobernador civil, tomó parte en el asunto y alertó a la guardia civil en previsión de incidentes, al mismo tiempo que rogó encarecidamente al alcalde que trabajara en algún tipo de fórmula de concordia. Nada de eso se hizo. Ninguna de las partes cedió en sus pretensiones y el Gobierno, por su lado, tampoco mostró voluntad alguna por cambiar una decisión que, en el fondo, juzgaba como irrevocable. Con estos precedentes, los sucesos acaecidos el 17 de enero se antojaron como inevitables.
Los días posteriores al asalto y caza del alcalde se produjeron una serie de hechos que condujeron a la única solución viable. Para empezar, fueron detenidas once personas. La violencia con la que se habían desarrollado los hechos, criticada por muchos, justificaba una actuación de esa índole. Por otro lado, y ante la imposibilidad de que el Gobierno rectificase su Real Orden de designación, se tomó una decisión que calmó a la mayoría. El señor Vidaechea se puso misteriosamente enfermo. Debido a ello cedió su cargo de manera interina al teniente de alcalde, perteneciente a la mayoría anticaciquista. De esa forma ni se quitaba ni se ponía alcalde. Simplemente no estaba. Así que, al final, Bermeo fue gobernado no por quien era su alcalde por designación, sino por quien lo era por tener la mayoría electoral a su favor.
Los sucesos de Bermeo de 1912 no eran nuevos. Fueron la consecuencia de un enfrentamiento seguido y enconado entre fuerzas políticas liberales, dominantes en el poder desde los años 80 del siglo XIX, y los grupos más conservadores, católicos y nacionalistas, que empezaron a convertirse en mayoría al arrancar el siglo XX. De hecho, producto de este cambio fueron los sucesos acaecidos en 1903 y 1907. Los de 1912 tampoco habrían de ser los últimos.
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