La nueva arquitectura local
La ley Municipal prevé que el 50% de los tributos concertados se reparta con criterios armonizados entre territorios. El texto fija 38 ámbitos competenciales.
KARIM ASRY - Vitoria - 31/08/2011
Sus seis objetivos son garantizar la autonomía municipal para que los gobiernos locales tengan capacidad real de gestionar los asuntos bajo su responsabilidad; otorgarles la financiación adecuada; dotarles de herramientas para influir en los poderes públicos; delimitar su ámbito de competencias y marco de actuación para que los demás niveles de gobierno no puedan interferir de forma discrecional y mejorar el dialogo entre los municipios y sus vecinos. Las siguientes son algunas de las principales aportaciones del proyecto de ley, que ahora necesitará el apoyo del PP o del PNV para salir adelante en el Parlamento.
» Consejo Vasco de Finanzas. Los Ayuntamientos, a través de “la asociación de municipios con mayor implantación” (hoy Eudel), contarán con tres representantes en el Consejo Vasco de Finanzas, los mismos que el Gobierno, por un lado, y las tres Diputaciones juntas. Los representantes corresponderán a los tres partidos más votados en los últimos comicios locales. Tendrán derecho a voto en las cuestiones que les afecten de forma directa. En las demás tendrán voz, pero no voto. Las instituciones negociarán en el Consejo el reparto de los tributos no concertados. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta, siempre y cuando haya un voto de cada nivel institucional. Ello implica un cambio puntual de la Ley de Territorios Históricos.
» Armonización. La cuantía destinada a las arcas municipales ya no será potestad exclusiva de los entes forales. El 50% del dinero se repartirá siguiendo criterios establecidos por el Consejo Vasco de Finanzas, entre los que deberán figurar la población de cada municipio y la presión fiscal en los tributos locales. La otra mitad se distribuirá siguiendo los criterios de las Diputaciones entre los municipios de cada territorio.
» Competencias. El texto enumera un total de 38 ámbitos de competencias propias —seguridad ciudadana, incendios, vivienda, medio ambiente, salud pública, consumo, cementerios, servicios sociales, comercio, cultura, euskera e inmigración, entre otras—. Los Ayuntamientos también podrán asumir otras que no estén atribuidas expresamente a otro nivel de gobierno, siguiendo el principio de subsidiariedad, como institución más próxima al ciudadano. En casos de concurrencia competencial, se actuará bajo los principios de coordinación y organización para evitar duplicidades innecesarias. Podrán ejercerlas en solitario o de forma conjunta asociándose con otras localidades.
» Transferencias. El Gobierno podrá transferir competencias a los municipios por una ley que deberá fijar la financiación correspondiente. También tendrá capacidad para delegar otras por decreto con el consentimiento de la entidad local correspondiente y otorgándole los medios materiales necesarios.
» Consejo Vasco de Políticas Públicas. La coordinación interinstitucional se realizará a través del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales. Este organismo, encabezado por el Gobierno en la persona del lehendakari o de un consejero, tendrá como vicepresidente al máximo representante de la “asociación de municipios con mayor implantación”, junto a tres vocales de cada nivel. Los municipales corresponderán a los tres partidos más votados. Emitirá informes no vinculantes sobre el impacto sobre las competencias municipales que tendrán las iniciativas normativas, planes y programas. Podrá proponer recursos ante el Tribunal Constitucional si considera que se invade la autonomía municipal.
» Comisión Municipal. Dentro del citado Consejo se constituirá la Comisión Municipal de Políticas Públicas, compuesta solo por representantes locales, que actuará como mecanismo de alerta temprana examinando los anteproyectos o proyectos de ley para ver si invaden atribuciones de los Ayuntamientos. Se convierte así “en el órgano de garantía por excelencia de la autonomía municipal en Euskadi frente a la actuación de los poderes públicos”, reza el texto. Si el Gobierno no llega a un acuerdo con los municipios en el Consejo Vasco de Políticas Públicas, podrá seguir con la tramitación del proyecto, pero deberá redactar un informe justificativo que se remitirá al Parlamento junto al texto legal en cuestión.
» Retribuciones. La Comisión Municipal podrá recomendar tablas de retribuciones para los ediles en función de la población del municipio y del tipo de dedicación —exclusiva o parcial—. Y podrá hacer lo mismo con las asignaciones de los grupos municipales.
» Iniciativas ciudadanas. Los vecinos podrán presentar iniciativas si tienen el apoyo de al menos un 10% de los residentes con sufragio activo. Estas podrán incluir una consulta popular municipal —salvo en materia Hacienda—, propuestas de actuaciones u ordenanzas. El pleno decidirá si se admiten antes de ser debatidas. Los ciudadanos tendrán derecho de acceso a los archivos y registros municipales y las denegaciones deberán justificarse en una resolución. La ley incluye la obligación de mantener una web municipal actualizada.
» Mancomunidades. Los municipios vascos podrán integrarse en mancomunidades para realizar obras o prestar servicios con Ayuntamientos de otras comunidades autónomas.
Bizkaia adelanta que no le gusta el proyecto
Las reacciones ante el proyecto de ley Municipal no tardaron ayer en llegar. Fuentes oficiales de la Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV, afirmaron que oficialmente no conocen el texto, pero señalaron que lo que conocen a través de los medios de comunicación no les gusta, informa Europa Press. Bizkaia, junto a Álava, no dudó en recurrir ante la Comisión Arbitral el anterior proyecto presentado por el tripartito de Juan José Ibarretxe, cuando apenas quedaban meses para su debate y eventual aprobación.
El proyecto necesitará del apoyo en la Cámara del PNV o el PP. El portavoz parlamentario popular, Leopoldo Barreda, advirtió de que su partido, socio preferente del Ejecutivo, no se siente obligado a respaldar una norma que no se ha negociado con ellos. Tras incidir en que su formación lo enmendará para garantizar que se deslinden ”con claridad” las competencias de los tres niveles institucionales, recalcó al Ejecutivo que no puede “aprovechar este viaje para vaciar de contenido a las Diputaciones”.
Para Barreda resulta obvio que el primer borrador “iba en una determinada dirección”, aunque “últimamente se ha hablado más de una orientación en la que se vacía más a las Diputaciones de contenidos que de otra cosa”. El portavoz popular reclamó una ley Municipal “respetuosa” con el Estatuto, con los tres niveles institucionales y que deslinde con claridad las competencias y “garantice la participación de todos en la toma de decisiones”.
La postura oficial del PNV fue marcada por Belén Greaves, miembro de la ejecutiva nacional y persona de la máxima confianza del presidente, Iñigo Urkullu. “El primer paso no resulta alentador”, afirmó en un comunicado, aludiendo al hecho de que el texto no ha sido “contrastado” ni con ellos, ni con el PP, ni con Bildu.
“La ley Municipal requiere el máximo consenso municipal, político e institucional para salir adelante, por lo que emplazamos al PSE y al Gobierno a que no utilice este proyecto de forma partidista”, abundó. El PSE, añadió, parece sumarse a la propuesta del PSOE “que cuestiona las Diputaciones en todo el Estado”, recalcando que su formación “va a propiciar el máximo consenso municipal, institucional y político”, para aprobar la ley y cerrar el mapa institucional de Euskadi.
El parlamentario de Aralar Dani Maeztu sostuvo que su grupo que dará la bienvenida a la ley si es “lo que tiene que ser” y detalla “un cuadro competencial claro” con la financiación correspondiente. Para ello, recalcó, “probablemente” será necesario tocar una Ley de Territorios Históricos que “no es sagrada”. La formación dirigida por Patxi Zabaleta quiere que esta norma diseñe unos Ayuntamientos modernos con participación ciudadana y el euskera como “lengua propia”.
De momento la única opinión de Bildu, primera fuerza en número de concejales en Euskadi, llegó del parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, quien censuró que el proyecto “llega tarde”. Agirrezabala reivindicó que los Ayuntamientos deben ser parte del entramado institucional “en pie de igualdad” y “sin soportar tutelas que carecen de sentido”. “Las instituciones comunes tienen que marcar la dirección del país”, añadió.
El PP recalca que no se siente obligado con un texto que no se les consultó
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