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| Vista del bloque de 38 viviendas de VPO que ha paralizado la jueza. :: M. SALGUERO |
La sociedad pública Beruala y un promotor mantienen un litigio sobre la altura del edificio que podría acarrear el derribo de dos plantas
25.03.11 - 02:43 -
La Sociedad Pública Beruala, dependiente del Ayuntamiento de Bermeo, sufrió ayer un nuevo revés en el litigio, que desde el pasado año, mantiene con una promotora local en relación a la altura de uno de los bloques de viviendas de VPO que construye en el barrio San Martín. El Juzgado de Primera Instancia de Gernika ha ordenado «la paralización de las obras relativas al tejado y la planta inmediatamente inferior al mismo».
Asimismo, la magistrada ha solicitado a la Policía Municipal de la localidad que realice un informe fotográfico sobre el estado de los trabajos «en el momento de su paralización», a fin de saber cuánto han avanzado desde que el mismo tribunal requiriera al Ayuntamiento por primera vez -septiembre de 2010-, la suspensión de los mismos. El Juzgado de Gernika ha otorgado, asímismo, un plazo de diez días a la promotora para que, si procede, reclame daños y perjuicios a Beruala por el incumplimiento de su compromiso, que consistía en que todos los aleros de esa línea de edificios «tendrían que ir a la misma cota». Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa consultadas por EL CORREO adelantaron que únicamente solicitarán la realización de la obra «tal y como se acordó». Este hecho podría acarrear, por tanto, el derribo de una planta y la bajo cubierta de la nueva edificación.
El bloque que ha provocado el conflicto -38 viviendas- cuenta actualmente con un tejado a dos aguas, pero quebrado a dos alturas por medio de una tesera. De esta manera, la fachada del edificio que queda orientada al norte dispone de planta baja y cuatro pisos, mientras que la que se orienta al sur alcanza hasta los seis. El derribo de esas dos alturas más los gastos ocasionados por incrementar la edificación podrían costar, según las primeras estimaciones, cerca de un millón de euros a las arcas municipales. Además, acarrearía un disminución del número de VPO ofertada inicialmente a los vecinos. El problema podría ser incluso más grave, ya que la demolición de las dos plantas acarrearía variaciones en el diseño del inmueble y, por tanto, el derribo de otras partes del edificio.
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