también habrá un canon para los pisos vacíos
Lakua quiere expropiar la VPO a quien doble la renta máxima
- Los propietarios de inmuebles que lleven dos años deshabitados deberán pagar 10 euros anuales por metro cuadrado
- La Ley de Vivienda no será una realidad en Euskadi al menos hasta el próximo año
yuri álvarez - Sábado, 22 de Enero de 2011 -
bilbao. Diez euros al año por cada metro cuadrado útil de la vivienda. Ese será el precio que los propietarios de un inmueble deshabitado durante más de dos años sin causa justificada deberán abonar al Gobierno vasco. Transcurrido un año desde que se verifique que la vivienda permanece desocupada sin que se haya producido ningún cambio, el Departamento de Vivienda tendrá la potestad de imponer el alquiler forzoso de ese inmueble aunque el titular no esté de acuerdo con la medida. Además, una vez que se declare el alquiler forzoso, el propietario del inmueble deberá sufragar obligatoriamente los gastos derivados de la gestión y el coste de las obras de acondicionamiento o mejora que resulten necesarias.
Para evitar que se produzcan este tipo de situaciones -de las que quedarían eximidas las viviendas de segunda residencia o los casos de traslados de domicilio por razones laborales o de salud- el Gobierno vasco concederá a los titulares de las viviendas desocupadas la posibilidad de ceder su gestión en régimen de alquiler a las administraciones y entidades públicas.
Del mismo modo, la responsabilidad de imponer el canon anual de 10 euros sobre las viviendas deshabitadas y la aplicación del alquiler forzoso recaería, preferentemente, sobre los ayuntamientos, que serán los encargados de localizar los inmuebles desocupados y notificar a sus convecinos el nuevo reglamento estipulado por el Gobierno vasco.
Así se recoge en el Anteproyecto de la Ley de Vivienda que presentó ayer el consejero Iñaki Arriola, quien justificó esta medida apelando al cumplimiento de la función social de la propiedad que persigue este cambio. "Esta Ley nos afecta a todos, a los que tienen vivienda y a los que no", aseguró Arriola. A falta de que el Parlamento Vasco dé su visto bueno a este Anteproyecto de Ley -todo apunta a que no será sometido a debate parlamentario hasta finales de este año o hasta principios de 2012- Iñaki Arriola desgranó ayer algunos de los apartados que cimentarán la futura Ley de Vivienda en Euskadi.
En ellos, además del canon anual de 10 euros, destaca la posibilidad de expropiar de sus viviendas de protección oficial (VPO) a aquellos adjudicatarios que dupliquen durante tres años consecutivos la cantidad máxima exigida para la adquisición de una vivienda protegida -actualmente el salario máximo para acceder a una VPO impide sobrepasar los 35.000 euros anuales-. "El principal objetivo de la ley es promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", explicó el consejero.
Sin embargo, sobrepasar los ingresos anuales estipulados por ley no será el único motivo por el que se procederá a la expropiación del inmueble ya que, según se encargó de concretar Arriola, "no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente, mantener la vivienda deshabitada sin causa justa por un plazo superior a un año, la transmisión no autorizada de las viviendas o el incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento de los inmuebles" también conllevaría al expolio de la vivienda.
Política de rehabilitación Otra de las cuestiones que el Gobierno vasco puso ayer sobre la mesa es la relacionada con la función social y la rehabilitación de los edificios. Por ello, el Anteproyecto de Ley de Vivienda contempla la posibilidad de sancionar a los propietarios que incumplan el deber de conservación y mantenimiento de la vivienda, lo que desembocaría en las pertinentes sanciones económicas y, dependiendo de la gravedad de cada caso, en una nueva intervención forzosa del Ejecutivo. "Queremos que haya un cambio gradual hacia un modelo urbano más cohesionado socialmente", explicó al respecto el consejero.
Además, en un intento por allanar el camino a la rehabilitación de los inmuebles, las comunidades de vecinos podrán continuar con proyectos o iniciativas que estaban bloqueados por algún residente obteniendo únicamente el respaldo de la mitad de los vecinos.
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