Udalbiltza, justicia y política
La sentencia sobre el llamado, e inexistente, "caso Udalbiltza" pone coto a un completo catálogo de desprecio a las propias leyes fundamentales del Estado español, un desprecio llevado a la práctica por el poder judicial y basado en un informe policial a medida
CORRÍA el año 2003. La teoría del "todo es ETA" se ejecutaba en su máxima expresión y Baltasar Garzón, que de forma ilegal se atribuía toda la competencia en esta cuestión, campaba a sus anchas disolviendo, suspendiendo, deteniendo todo lo que se movía.
El Gobierno de España no quería que ninguna candidatura de la izquierda abertzale se presentara a las elecciones que se iban a celebrar ese año, y puso en marcha una maquinaria efectiva e impune, que consiguió el objetivo propuesto y de paso otros colaterales de importante calado.
La técnica no era nueva. La Policía, más en concreto la Unidad Central de Inteligencia (UCI), realizó un informe a la medida. En él se afirmaba, sin prueba alguna, que las plataformas electorales que se estaban creando, una vez ilegalizada Batasuna, eran parte de una estrategia de ETA para estar presente en las elecciones. Y que el instrumento para controlar y organizar dichas plataformas, era Udalbilzta.
Con ese informe en la mano, la actuación del juez fue radical. En un procedimiento penal abierto, detuvo a determinadas personas, suspendió las actividades de Udalbiltza y actuó contra las plataformas electorales.
Siete años más tarde se celebró el juicio oral contra más de veinte personas acusadas en ese procedimiento. La petición de penas era, una vez más, estratosférica. Y además, se pedía la disolución de Udalbiltza y de las entidades creadas a su instancia para actuar en diferentes ámbitos.
La reciente sentencia dictada por la Audiencia Nacional ha absuelto a todos los acusados y repone a Udalbiltza en todos sus derechos, como institución formada por cargos electos de Euskal Herria.
En todos estos años, ¿qué ha quedado en el camino? Primero, la democracia y el estado de derecho español.
Personas que ejercían cargos electos y hacían vida normal, que podrían haber sido citadas por el juez, fueron detenidas con absoluto escándalo mediático, cuando las leyes españolas dicen que la detención se practicará de la forma que menos perjudique los derechos del detenido.
Muchas de ellas fueron ingresadas en prisión, sin motivo razonable alguno, donde llegaron a estar hasta veinte meses, perjudicando su derecho fundamental a la libertad. Se impusieron fianzas elevadas para lograr su libertad provisional, que nada tenían que ver con las circunstancias de cada persona que salía de la prisión. El procedimiento fue instruido a espaldas de las personas acusadas, que veían así perjudicado su derecho a la defensa. Y levantado el secreto de la causa, el juez negaba la práctica de pruebas que proponía la defensa.
Además, fueron practicadas escuchas telefónicas con todo tipo de irregularidades, violando el derecho a la intimidad de los escuchados, sin control judicial y traduciendo mal la policía las realizadas en euskera, sin revisión de esa traducción por personas cualificadas.
Se dio la imposibilidad del ejercicio de la legítima actividad política, para aquellos cargos electos que habían decidido desarrollar parte de su actividad a través de una institución como Udalbiltza, la eliminación del derecho a elegir y ser elegidos, del sufragio activo y pasivo, para aquellos que querían presentarse o votar a las plataformas proscritas.
Junto a la vulneración del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, manteniendo artificialmente la tramitación de la causa durante años. Y más.
Como se puede ver, un completo catálogo de desprecio a sus propias leyes fundamentales, llevado a la práctica por el poder judicial.
Pero más cosas han quedado en el camino. Se han alterado los resultados electorales, impidiendo que la sociedad vasca esté representada en su realidad. Y se ha tratado de impedir que determinados derechos políticos se puedan ejercitar. Porque en el proceso penal seguido, se consideraba delictivo defender la identidad nacional de Euskal Herria, exponer al mundo sus derechos, declarar que uno es vasco, denunciar las limitaciones en el ejercicio de estos derechos, …
Y se ha impedido también que la única institución que trataba de vertebrar todo el territorio de los vascos pudiera desarrollar su actividad.
La sentencia pone en evidencia que la Policía actuó sin prueba alguna en la que basar sus informes, que el juez actuó de igual forma, que las acusaciones no tenían fundamento alguno para sostener sus imputaciones. Y que en ningún caso se ha probado que ETA haya tenido un mínimo dominio sobre Udalbiltza y sus actividades.
Ahora, ¿a quien van a rendir cuentas esos policías, ese juez de instrucción y ese ministerio fiscal que acusa sin base alguna? ¿Quién va a reponer a los juzgados, a Udalbiltza o a los promotores de plataformas electorales en sus derechos? ¿Y a los potenciales votantes?. ¿Qué precio político va a pagar el Gobierno que uso así del poder judicial y de la policía?.
Todavía hay quien sostiene que sentencias como la dictada son la muestra de que el sistema de derecho funciona en España. No sé si piensan que quienes les escuchan son tontos, o tienen un sentido del humor que otros llamamos cinismo.
Comentarios