*Claroscuros en la sentencia de Estrasburgo *
*/ José Luis Orella Unzué/ *
TODOS esperábamos la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo con cierta ansiedad. También los redactores de la Ley de
Partidos políticos. ¿Por qué temían los constitucionalistas que
Estrasburgo les corrigiese la plana? ¿Cuáles eran los temores si estaba
tan clara la postura democrática de los partidos mayoritarios españoles?
¿Por qué se oponían a la Ley de Partidos políticos tanto los partidos
nacionalistas y aún las declaraciones de algunos obispos españoles?
*/La sentencia deja intacta la Ley de Partidos políticos/ *
En la Ley de Partidos hay un claro recorte de los derechos ciudadanos en
un conjunto amplio de la sociedad vasca sin que haya mediado antes una
decisión judicial individual condenatoria. Porque si los ciudadanos de
ese conjunto fueran colaboradores de ETA tendrían que ser juzgados y
condenados previamente a ser desprovistos de sus derechos de
participación activa y pasiva electoral. Y esto no se ha dado.
Todos esperábamos que el Tribunal de Estrasburgo fuera una autoridad en
la democracia, por encima de las presiones del Estado español y del
poder partidista, función que no ha cumplido con esta sentencia. Porque
sigue intacta la Ley de Partidos. Sobre ella la resolución asegura que
"define de manera precisa la organización y el funcionamiento de los
partidos políticos y aquellos comportamientos que podrían provocar su
disolución o suspensión judicial" y sostiene que esa ley "no está
destinada a prohibir la defensa de ideas o doctrinas que cuestionen el
marco constitucional, sino a conciliar la libertad y el pluralismo con
el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia".
La Ley de Partidos políticos que cuenta con el apoyo del Partido Popular
y del partido gobernante socialista, fue rechazada por muchas de las
formaciones parlamentarias, por el Gobierno vasco y por buena parte de
las organizaciones civiles involucradas en el proceso de paz en el País
Vasco. A las críticas a la normativa se sumó Amnistía Internacional
debido a "la ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos de la ley,
por los que se pudieran emprender procesos de proscripción de partidos
políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes
de forma pacífica, lo que sería contrario a la Constitución española".
Por otro lado afirmaba que la ley atenta contra los derechos de
"libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación en
los asuntos públicos". Y aun la calificó de "perversión moral e
intelectual". A su vez, el Consejo de la Juventud del País Vasco aprobó
en su asamblea anual un manifiesto en el que expresaba su "preocupación
por la ley, ya que además de dejar sin expresión política a parte
sustancial del electorado vasco, puede tensar y crispar aún más la
situación social y política que vivimos".
Ante la manifestación pública contraria de la mayoría de la Iglesia
vasca y a favor del reconocimiento del derecho de autodeterminación y de
que los tres obispos de las diócesis vascas con el apoyo de cerca de 400
sacerdotes de la región, advirtieran sobre las "consecuencias sombrías"
de la misma, Aznar señaló que esa petición es "especialmente
desafortunada y muestra una perversión moral e intelectual grave". Por
su parte, el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Josep
Piqué, calificó de "repugnante" la carta de los sacerdotes y aseguró que
este pronunciamiento era "motivo de preocupación de la Santa Sede", la
cual, sin embargo, decidió no intervenir en respeto a la soberanía de
las diócesis.
*/La imperiosa necesidad social/ *
La sentencia de Estrasburgo, sin entrar en consideraciones sobre el
recorte de derechos, da como fundamento de su sentencia la imperiosa
necesidad social. Pero este argumento de la necesidad social no es un
argumento jurídico sino de oportunidad política. Este argumento no es
válido en derecho porque es esencialmente coyuntural y puntual y además
puede ser utilizado por las corrientes ideológicas más dispares, incluso
no democráticas. La historia suministra suficientes ejemplos de cómo ese
argumento fue utilizado por golpes militares como apoyatura ideológica.
Tal es el caso de los golpistas de 1936 que suscitaron la guerra civil
española. El texto de la/ Declaración del 17 de julio de 1936 en Melilla
del Bando de Guerra en Marruecos/ aducía esa necesidad social con
palabras muy similares a las de la sentencia: "Don Francisco Franco
Bahamonde, General de División, Jefe Superior de las Fuerzas Militares
de Marruecos y Alto Comisario, hago saber: Una vez más el Ejército,
unido a las demás fuerzas de la nación, se ha visto obligado a recoger
el anhelo de la gran mayoría de españoles que veían con amargura
infinita desaparecer lo que a todos puede unirnos en un ideal común:
España. Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la
República, no solamente en sus apariencias o signos exteriores, sino
también en su misma esencia; para ello precisa obrar en justicia, que no
repara en clases ni en categorías sociales, a las que ni se halaga, ni
se persigue, cesando de estar dividido el País en dos grupos: el de los
que disfrutan del poder y el de los que eran atropellados en sus
derechos, aun tratándose de leyes hechas por los mismos que las
vulneraron".
*/La concepción de la sociedad y de la democracia/ *
La sentencia afirma que "la disolución puede considerarse como necesaria
en una sociedad democrática, especialmente para mantener la seguridad
pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las
libertades".
Estas afirmaciones la califican como "una sentencia conservadora y
restrictiva para la democracia". Y el mismo jurista afirmaba "la
sentencia, en sus razonamientos, se debate entre la seguridad y las
libertades, pero en ese dilema se sitúa a favor de la seguridad, del
miedo social y del orden. A fin de cuentas, se muestra favorable a las
líneas ideológicas que defienden las formaciones de la ultraderecha,
dejando en un segundo plano los derechos humanos frente a los derechos
del colectivo". Esto deja patente el nivel de legitimidad de la
democracia española porque "una democracia madura, fuerte y desarrollada
tiene como característica el que garantiza todas las libertades, y que
eso lo hace sin olvidarse de la seguridad". "No podemos olvidar que el
principal lema de toda dictadura es garantizar el orden y la seguridad,
y que antepone ello a cualquier derecho". Ésta es una deriva ideológica,
que prima la seguridad sobre la libertad y afecta a las democracias
occidentales desde el 11-S.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos de Estrasburgo,
avalando la política española de prohibir una vez tras otra los partidos
que no condenan "la violencia", demuestra que antepone la seguridad a la
libertad y que justifica dejar sin voz a miles de ciudadanos.
¿Que violencia hay que condenar? Porque la violencia, lamentablemente,
no es sólo la de ETA, que también usa la violencia, por supuesto, una
violencia condenable igual que todas, sino que, como decía Bertold
Brecht en su gran poema, hay muchas formas de matar. Se puede matar de
hambre, en la fábrica, hay violencia sexual y de género, también hay
violencia de privación de libertad o, más claramente, violencia en
Afganistán, Irak y tantos otros países del mundo (con la participación
directa en ella del Gobierno español). Existe violencia contra naciones
y pueblos que se niegan a un encaje en estructuras estatales impuestas,
etc.
En fin, que el Tribunal de Derechos Humanos europeo diga que la Ley de
Partidos políticos es "democrática" sólo define la opinión que tienen
las instituciones europeas de democracia. No dice una palabra de los
pueblos de Europa. Para Estrasburgo, lo importante no es que el pueblo
se exprese, que luche por sus ideas a través de las fórmulas construidas
para ello, sino que el Estado se sienta seguro y sin que nadie lo ponga
en riesgo. Seguridad antes que libertad y en nombre de la primera se
justifica mutilar la segunda.
** *Catedrático senior de Universidad
*El argumento de la "necesidad social" no es un argumento jurídico, sino
de oportunidad política*
*-*
*Para Estrasburgo lo importante no es que el pueblo se exprese, sino que
el Estado se sienta seguro*
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