Las penalizaciones impuestas en dos años y medio superan el millón de euros.
Se han inspeccionado más de 39.000 inmuebles y se han abierto diligencias judiciales contra casi 3.000 ciudadanos.
| Javier Fernández |  |
Bilbao. No van armados, pero sus afilados bolígrafos han abierto cicatrices en casi tres mil hogares durante los últimos dos años y medio. La lucha contra el fraude en las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que el Departamento de Vivienda declaró en la anterior legislatura se ha saldado, por el momento, con 831 expedientes resueltos por diversas irregularidades, fundamentalmente por mantener desocupado el inmueble adjudicado en sorteo público.
Y la batalla aún continúa abierta. De hecho, la docena de inspectores que forman el equipo de control dispondrá todavía de un año más para completar las visitas domiciliarias a un parque inmobiliario estimado de veinte mil pisos, según informaron fuentes del Gobierno vasco. El objetivo de esta iniciativa es poner fin a comportamientos ilegales y, en otros casos, poco solidarios.
"Se intenta evitar uno de los mayores males que es que todas esas viviendas estén adjudicadas y vacías", expresaba Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. De hecho, esta anomalía representa el mayor contratiempo para el correcto funcionamiento de la política con que el Gobierno pretende facilitar el acceso a un piso en condiciones dignas y asequibles.
Los datos más recientes que manejan en el Departamento constatan la apertura de diligencias judiciales contra los propietarios de 2.979 viviendas con el resultado de 831 expedientes sancionadores tramitados en estos casi tres años de intensos trabajos puerta a puerta, durante los cuales ya se han inspeccionado 39.620 viviendas.
Los frutos de esta ardua labor de castigo ante actitudes fuera de la legalidad (que incluye jornadas de mañana, de tarde e incluso sábados) ha supuesto unos ingresos extraordinarios para el Gobierno vasco superiores al millón de euros: 1.041.963, en concreto. Sin embargo, a día de hoy, únicamente han sido cobrados 728.000 euros. "Tenemos recurridos otros trescientos sesenta y cinco mil euros", apostillaba Yoldi en declaraciones a DEIA.
Y es que, el intrincado camino burocrático que conlleva la incoación de expedientes, con sus consiguientes recursos y sentencias judiciales en firme originan un cierto retraso en la resolución definitiva de estos abusos de autoridad y excesos de confianza por parte de un buen puñado de ciudadanos.
De hecho, en estos treinta meses de trabajo los inspectores adscritos al Departamento de Vivienda han sospechado de irregularidades en 5.355 inmuebles. Sin embargo, el cumplimiento de los plazos legales establecidos y de otras cuestiones de orden formal ha implicado que sólo se hayan podido levantar diligencias contra poco más de 50% de los casos, 2.979.
Durante este primer semestre se ha procedido a pasar revista a mil doscientos hogares (el parque público de viviendas está cifrado en cincuenta mil), una cantidad notablemente inferior a la del año pasado, cuando el balance se cerró con la fiscalización7.600 pisos, más de seiscientos al mes.
Las frases
"Hay que tener en cuenta que movemos mucho dinero de los contribuyentes"
"Uno de los mayores males es tener esas viviendas vacías"
Mario Yoldi
Directos de Planificación y Procedimientos Operativos de Vivienda
El sector de la vivienda en Euskadi
Mantener y reforzar esta iniciativa
La intención del Ejecutivo vasco es completar a finales del presente ejercicio o, a más tardar, a comienzos del próximo el proceso abierto para evitar el fraude y la especulación. Una vez finalizada esta primera ronda el Departamento prevé continuar con esta política de control sobre las viviendas de protección oficial, tal y como confirmó a este periódico Mario Yoldi, director de Planificación y de Procesos Operativos de Vivienda. Los resultados obtenidos hasta el momento están cumpliendo con las expectativas depositadas en esta iniciativa pionera a nivel estatal. "Es una actividad que se va a mantener y reforzar", añadió en este sentido Yoldi, porque "está dando buenos resultados", concluyó. "Es nuestro deber garantizar que se está dando un buen uso al parque inmobiliario. Hay que tener en cuenta que movemos mucho dinero de los contribuyentes...", destacaba. Por este motivo, desde el Gobierno vasco anuncian una nueva etapa para "informatizar la administración" y, de este modo, agilizar la tramitación y resolución de los expedientes. "Esta gestión electrónica nos permitirá ser más eficaces todavía", subrayó Yoldi. >J.F.
Al detalle
· Inspecciones realizadas por territorio. Los detallados informes que los técnicos adscritos al Departamento de Vivienda elaboran reflejan que, durante estos casi tres años, de los 39.620 inmuebles inspeccionados, el mayor número corresponde a Bizkaia con 17.183 visitas; por detrás se sitúa Gipuzkoa, donde se han realizado 11.685 reconocimientos a pie de calle, y Araba, con 10.752 indagaciones.
· Un equipo propio. Las medidas extraordinarias adoptadas en octubre del año pasado para perseguir el fraude y la especulación con las viviendas de protección supusieron la creación de una plantilla formada por 7 inspectores, tres responsables y un par de instructores.
· Hasta 6.000 euros de multa por incumplimientos. La tipificación de las irregularidades conlleva una sanción económica que va desde los 300 euros para las leves, hasta los 1.500 en el de las graves y hasta los 6.000 en el supuesto de que sean muy graves.
La cifra
49
· Recuperación de inmuebles. La salida que escogen muchas personas pilladas in fraganti es la de ofrecer al Gobierno vasco la recompra de esas viviendas. Durante estos dos años y medio el Departamento ha procedido a la adquisición de casi medio centenar de ellas. |
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