Las organizaciones ecologistas vascas alertan: la Proposición de Ley de Vivienda del PNV y el PSE abre la puerta a la desprotección ambiental en Euskadi

 

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Las organizaciones ecologistas vascas alertan: la Proposición de Ley de Vivienda del PNV y el PSE abre la puerta a la desprotección ambiental en Euskadi

Los grupos políticos reconocen los riesgos de la desregulación, pero el Gobierno Vasco mantiene su apuesta por acelerar la construcción a costa del medio ambiente y la seguridad jurídica.

Una ronda de reuniones que confirma las dudas y los riesgos

Representantes de organizaciones ecologistas de Euskadi han mantenido durante la pasada semana reuniones con los grupos parlamentarios de Sumar, EH Bildu, Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco, con el objetivo de trasladar su rechazo a la Proposición de Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo.

El texto, impulsado por PNV y PSE, modifica seis leyes autonómicas —incluidas la Ley de Administración Ambiental y la Ley de Suelos Contaminados— eliminando controles ambientales esenciales y debilitando las garantías de protección de la salud y del territorio.

Durante los encuentros, las organizaciones ecologistas constataron que todos los grupos reconocen la existencia de graves dudas jurídicas, técnicas y ambientales sobre el contenido y la tramitación de la norma, que se está impulsando por vía de urgencia y sin los informes preceptivos de los órganos consultivos del Parlamento Vasco.

Coincidencia general: la urgencia no puede justificar la desprotección ambiental

En las reuniones mantenidas con Sumar y EH Bildu, ambos grupos mostraron un claro rechazo a la tramitación exprés de la ley y coincidieron en la necesidad de mantener el principio de no regresión de las leyes ambientales. EH Bildu propuso, además, la posibilidad de que las organizaciones ecologistas comparezcan en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco para exponer su posición técnica y política, invitación que ha sido valorada positivamente.

Con el Partido Popular, aunque reconocen deficiencias en la tramitación y la falta de recursos municipales, defendieron el fondo de la norma, argumentando que leyes similares se están aprobando en otras comunidades autónomas.

La reunión con el PSE-EE confirmó que el Gobierno pretende mantener la urgencia del proceso pese a admitir modificaciones de calado: la eliminación del silencio administrativo positivo, la supresión de la declaración responsable del promotor y la incorporación de la regeneración urbana y la rehabilitación como objetivos. Sin embargo, el partido socialista insiste en que la reducción de plazos —hasta un año— es prioritaria frente a cualquier otro criterio.

Por último, en el encuentro con el PNV, el propio representante del grupo reconoció que existen temores entre sus propios alcaldes por la nueva responsabilidad que asumirían los ayuntamientos al convertirse en órganos ambientales sin contar con personal técnico suficiente. Aun así, el PNV justifica el riesgo “en nombre de la agilidad administrativa”, planteando incluso la posibilidad de externalizar evaluaciones ambientales a empresas privadas, algo que las organizaciones consideran “inaceptable”.

Los ayuntamientos, los grandes perjudicados

Las organizaciones ecologistas han denunciado que esta ley traslada a los municipios competencias que no pueden ejercer, con servicios técnicos insuficientes y sin personal funcionario especializado. “La desregulación ambiental no acelera los trámites: genera inseguridad jurídica, desigualdad entre municipios y vulnera el principio de independencia del control ambiental”, han subrayado.

Además, advierten que la eliminación de los controles ambientales previos puede permitir actuaciones sobre suelos contaminados y planes urbanísticos sin evaluación estratégica, contraviniendo la legislación básica estatal y europea.

Euskadi no necesita construir más deprisa, sino construir mejor

Las organizaciones ecologistas recuerdan que Euskadi dispone de suelo suficiente, y que el problema no radica en la lentitud de los informes ambientales, sino en la falta de cumplimiento de las leyes vigentes y en la especulación del suelo.

“Lo que plantea el Gobierno Vasco no es una solución a la crisis habitacional, sino un retroceso ambiental y social que recuerda a los errores cometidos antes de la crisis de 2008”, advierten.

Llamamiento a la responsabilidad política

Las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que introduzcan enmiendas que restituyan las garantías ambientales y refuercen los órganos técnicos del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, en lugar de vaciarlos de competencias.

“Euskadi necesita resolver la crisis habitacional, sí, pero también necesita un territorio saludable, administraciones fuertes y políticas públicas que no sacrifiquen el medio ambiente en nombre de la urgencia”, concluyen.

SINATZAILEAK* Haritzalde, Eguzki, Ekologistak Martxan, Landarlan, Itsas Enara, Parkea Bizirik, Mutriku Natur Taldea, Zain Dezagun Urdaibai, Bizirik-Betiko, Sagarrak, Elorrioko Auzokide Elkartuen koordinakundea, Betsaide Elkartea, Elorrixa Ekologi taldea, Guggenheim Urdaibai Stop, Artiako Lagunak, Herri Bideak Kate Barik Elkartea, Sociedad Ornitológica Lanius Ornitologi Elkartea.