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Desde que el ser humano comenzó a levantar asentamientos estables, el agua determinó dónde podíamos vivir junto a ríos, manantiales y lagos. Mucho después llegaron la canalización, las depuradoras y la potabilización. Junto con el aire, el agua es un recurso indispensable. Lo que empezamos a comprender es que su disponibilidad no está garantizada.
El ciclo hidrológico continuará mientras exista el planeta. Lo que sí puede agotarse, degradarse o quedar fuera de nuestro alcance es el agua limpia allí donde se necesita. En 2024, 2.100 millones de personas seguían sin disponer en sus hogares de un suministro gestionado de forma segura. La crisis ya existe, aunque se reparta de manera profundamente desigual. Eso es el estrés hídrico. Cuando la demanda se aproxima o supera los recursos disponibles. No significa únicamente que llueva poco. Lo producen también la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación, el regadío intensivo, la urbanización, el turismo o unas redes que pierden parte de lo que transportan. El cambio climático agrava esas presiones al alterar las lluvias y prolongar los periodos secos. Jordania ofrece una imagen extrema de lo que significa el estrés hídrico: dispone de apenas 61 metros cúbicos de agua renovable por habitante y año, muy por debajo de los 500 que marcan la escasez absoluta, y en muchas ciudades el suministro doméstico llega solamente una vez por semana.
Durante mucho tiempo, en Euskal Herria creímos que aquello era un problema ajeno. Un país verde y lluvioso no podía tener problemas de agua. El verano de 2026 vuelve a desmentirlo. Desde el 28 de julio, todas las comunas de Ipar Euskal Herria están en nivel de alerta para el uso de agua potable. Euskal Hirigune Elkargoa calcula que, sin medidas de adaptación, la disponibilidad puede disminuir un 30% hacia 2040. El consumo medio alcanza allí los 192 litros diarios por habitante, un 15% por encima de la media francesa.
Al sur de la muga la fotografía es distinta, pero la advertencia es la misma. En Nafarroa, julio fue extremadamente cálido y mayoritariamente muy seco y el agua almacenada en los embalses cayó en un mes del 76% al 56%. En Bizkaia, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia pidió a 21 municipios de Busturialdea y Lea-Artibai limitar los usos no esenciales por el bajo nivel de los cauces. Puede haber reservas suficientes en unas zonas y escasez a pocos kilómetros. El agua no se consume en porcentajes estatales, sino en cuencas, pueblos y hogares concretos. La previsión tampoco invita a la tranquilidad. El Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental incorpora para 2039 una reducción de las aportaciones del 5,3% en un escenario medio y del 12,1% en uno pesimista. Nuestro territorio, que dio por supuesta la abundancia, tendrá que empezar a pensar también en la escasez.
Y aquí aparece otra cuestión. En este capitalismo voraz, que exige rentabilidad inmediata incluso a los servicios esenciales, la escasez se convierte rápidamente en oportunidad de negocio. Pasó con la vivienda, la salud o la energía. También con el agua. Desde diciembre de 2020 se negocian en Chicago contratos de futuros vinculados al precio de los derechos de agua en California. No se compran cargamentos de agua sino instrumentos financieros liquidados en dinero. Pero el salto simbólico permanece. La expectativa de escasez se ha convertido en un activo negociable. El «oro azul» ya tiene mercado.
El negocio tampoco termina en el agua embotellada. Abarca tratamiento, redes, depuración, ingeniería y gestión urbana. Entre nosotros, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es una entidad pública, pero externaliza obras, asistencias técnicas y servicios. Los documentales de Ricardo Gamaza, desde “Monopolia” hasta “Cloacas: los negocios sucios del agua en Euskadi”, han investigado esa frontera entre titularidad pública y subcontratación privada. También se han señalado adjudicaciones a grandes compañías y a empresas vinculadas a familias con trayectoria política como Ingeplan.
Busturialdea dejó en 2022 una imagen difícil de olvidar: el Dutch Spirit llevando agua por mar hasta Bermeo. El barco superó, según el Consorcio, los controles de calidad. Lo significativo era que un territorio muy lluvioso necesitaba transportar agua en barco. Cuatro años después vuelven las peticiones de restricción. La infraestructura resuelve urgencias pero la planificación debería evitar que la urgencia se convierta en costumbre. El Consorcio conoce, además, las contradicciones de convertir el agua en mercado. Su filial Aguas de Bilbao participó en Uruguay en Uragua, concesionaria privada del suministro. En 2004, un referéndum introdujo en la Constitución uruguaya que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento debían prestarse directa y exclusivamente por entidades estatales. La pregunta sigue teniendo sentido: ¿qué hacía una entidad pública vasca participando al otro lado del Atlántico en la privatización de un derecho básico?
El estrés hídrico, por tanto, no es solo una cuestión meteorológica. También habla de modelos urbanos, agricultura, turismo, industria, infraestructuras y propiedad. Cuando llega la escasez hay que decidir qué usos son prioritarios, quién paga las inversiones y quién obtiene beneficio. ¿Vale lo mismo el agua destinada a beber que la utilizada para mantener un campo de golf o llenar una piscina? ¿Puede crecer indefinidamente la población estacional sin preguntarse de dónde saldrá el agua de agosto? ¿Es razonable socializar el coste de las infraestructuras y privatizar después parte del negocio?
El agua no va a desaparecer del planeta. El problema es quién podrá acceder a ella, en qué condiciones y a qué precio. Podemos ahorrar, reutilizar, reducir fugas, proteger acuíferos y adaptar los consumos. Lo que no deberíamos aceptar es que la escasez se convierta en la excusa perfecta para una nueva apropiación de lo común. El agua puede tener coste y exigir inversiones. Lo que no puede ser, sin más, es una mercancía cualquiera. Antes que «oro azul» fue, y seguirá siendo, el fundamento material de la vida.
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