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| Luego son estos lo que informan derribos como del palacio Larrinaga o la casa de la Guardesa |
Docenas de ayuntamientos --entre ellos tambien en Urdaibai-- han empleado durante décadas a arquitectos de confianza en lugar de funcionarios para aprobar proyectos. La Fiscalía ha ordenado investigar esta práctica
Chalés en suelo rustico, urbanizaciones en
zona inundables, tejados de pizarra o chapa negra, actuaciones y
derribos en edificios catalogados modificaciones a la carta de planes
urbanísticos, polideportivos en marismas, polígonos industriales
con usos comerciales.... En resumen, docenas, tal vez cientos de
proyectos urbanísticos ejecutados en Busturialdea durante décadas
podrían ser sencillamente nulos de pleno derecho.
Incluso aquellos proyectos que sobre el papel no presentan controversias o denuncias del movimiento ecologista o vecinal. Todo a causa de una vieja práctica que transita entre la dejadez y la picaresca y que aún hoy es utilizada por hasta 6.000 ayuntamientos españoles: el empleo de falsos arquitectos municipales contratados “como asesorías urbanísticas” en lugar de arquitectos funcionarios para tramitar los expedientes. En los 18 ayuntamientos de nuestra comarca solo Gernika-Lumo y Bermeo tienen arquitectos funcionarios (pero sus puestos se hallan vacantes y sin cubrir) y los 16 restantes recurren a los contratos de asesoría urbanística.
Los principales infractores son los ayuntamientos
pequeños y medianos, quienes a la postre fueron protagonistas en los
tiempos del 'boom' del ladrillo de las mayores aberraciones. Un
enorme melón jurídico que, según los conocedores del
tema, ningún juez se atreve a abrir, si bien la Fiscalía General
–también en Bizkaia-- ya anda a la caza de los municipios
infractores.
La ley es clara al respecto: solo un arquitecto
funcionario puede ejercer funciones públicas, como es el informe e
inspección de un proyecto urbanístico municipal. Así lo indica el
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la legislación
urbanística y la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL). "Imagínate
cuántas urbanizaciones, equipamientos y edificaciones
de todo tipo habría que demoler para devolver el suelo a su estado
original, que es lo que establece la ley para todos aquellos casos
que no prescriben", advierte Fernando Jabonero,
concejal del ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara) y activista en
favor de la contratación publica transparente de estos técnicos . Y
añade “Todas las licencias de obra y licencias
de primera ocupación firmadas por un arquitecto no
funcionario” pasarían, directamente, a ser ilegales”.
Fernando Jabonero ha convertido este asunto en una
cruzada personal y en esta Comarca ha presentado Acciones Publicas en
Busturia y Mundaka, ambas rechazadas por las dos corporaciones
mencionadas. El pasado 5 de febrero denunció ante la Audiencia
Nacional a 72 ayuntamientos de toda España por
incurrir "de modo recurrente y crónico en infracción
urbanística" al emplear a falsos arquitectos municipales.
La audiencia derivó la denuncia al Tribunal Supremo y este ha
ordenado a todos sus fiscales provinciales de Urbanismo y
Medio Ambiente investigar este asunto.
Según Fernando Jabonero, esta práctica
explicaría en buena medida la laxitud municipal en la licitación de
miles de proyectos urbanísticos polémicos de los últimos 20 años.
"El acumulado de esto es incluso peor que lo de Bankia. Solo
en Valencia hay 35.618 licencias ilegales. Los
alcaldes y sus arquitectos de confianza han estado manejando
proyectos urbanísticos y sacando dinero de cualquier manera. Es muy
sencillo. El arquitecto le dice al alcalde 'mira, ya tengo listo todo
lo de los chalés, serían 120.000 euros de proyecto de obra con el
proyecto ya medido, pero pongámoslo en 70.000 euros y así te
ahorras el IVA de todo lo demás'. Y el alcalde tan agradecido.
'Mira qué favor me ha hecho
el arquitecto'. Y luego vienen las recomendaciones, porque esto viene
del boca a boca, y los arquitectos se van empotrando en ayuntamientos
de forma ilegal, donde ellos
informan sus propios proyectos
para sacarlos adelante", explica el concejal.
Y asevera que “El
arquitecto gana un gran cliente, como es un ayuntamiento, y este se
garantiza a un arquitecto sometido que firmará todas aquellos
informes técnicos que le pida si quiere mantener su privilegio”.
"Le dirán mira chico, si no estás por la cuerda nuestra te vas
mañana a la calle”, que es lo que ha pasado con los que han
sido escrupulosos con la legislación urbanística y medioambiental
vigente en nuestros municipios. A un funcionario de carrera nunca
podrían decirle eso, porque entre sus condiciones está la
inamovilidad", continúa Jabonero. “Lo he hablado con
fiscales y con muchos secretarios municipales y me dan
la razón”. “Este asunto es una prueba de estrés al sistema
judicial español y sin entender ello, no se explica el fenómeno del Ladrillazo".
Por otro lado,
no solo se arrogan el estatus de
Arquitecto Municipal sino que también, como premio añadido, se les
encarga a dedo la redacción y dirección de los proyectos
municipales. Como esta ocurriendo en la mayoria de las localidades de Urdaibai, y en particular en Busturia,
Mundaka, Sukarrieta denunciados por ZAIN DEZAGUN URDAIBAI ELKARTEA y
en Murueta denunciado por EKOLOGISTAK MARTXAN por contravenir la
legislación de contratos públicos por no garantizar la publicidad,
la igualdad de oportunidades y la libre concurrencia, lo que supone además de una competencia ilegal
con los demás Arquitectos, un incumplimiento de la normativa de
incompatibilidades “ya que ellos mismos informan la
idoneidad urbanística y técnica de sus propios proyectos”como
afirman estas dos ONGs.
ZAIN DEZAGUN
URDAIBAI señala que tribunales y organismos públicos como el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE NAVARRA
resoluciones con las siguientes conclusiones; “1.)
El ejercicio de las facultades de inspección quedan reservado a los
funcionarios públicos, por del ejercicio de la
potestad sancionadora de la Administración Pública y el acceso a multitud de datos sensibles personales no permitidos a un contratista externo. Y 2) Ello
no obsta para que las Administraciones Públicas puedan contratar
servicios de asistencia y apoyo administrativo y técnico a los
funcionarios que ejerciten estas facultades, siempre y cuando tengan
un alcance determinado susceptible
de valoración económica (...)
Y añaden estas
ONGs que los Secretarios Municipales miran para otro lado a la
jurisprudencia existente que
dicta que “el
procedimiento de selección de contratista ha de estar orientado en
la legislación para garantizar un trato igual a todos los que siendo
capaces y no estando incursos en causas de prohibición, aspiren a
ser contratistas, puesto que los principios y procedimientos de
contratación han de suscitar la libre concurrencia, basada en el
supuesto de publicidad, lo que constituye la máxima garantía para
los intereses públicos”.
Para aquellos ayuntamientos pequeños sin
presupuesto para un arquitecto en plantilla, la ley también es
clara: deberán agrupar funcionarios, pedir
a su diputación o a su comunidad autónoma que uno de sus
arquitectos funcionarios lleve el expediente e inspeccione el
proyecto en cuestión. Es más, el reglamento indica que es
"responsabilidad personal del alcalde y del
secretario municipal" gestionar la presencia de un
funcionario habilitado. El alto coste de tener a un
arquitecto en plantilla es el principal argumento esgrimido
por los municipios pequeños para echar mano de arquitectos de
confianza, cuya relación en muchos casos se remonta a varias
décadas.
Sin embargo hay secretarios y
arquitectos municipales , que se defienden y afirman que "Es una figura
que debe extinguirse cuanto antes.
Hace 40 años, cuando los municipios empezaron a gestionar e
informar las licencias urbanísticas, buscaban a alguien que
les hiciera el favor de tramitarla y a cambio les daban el privilegio
de conseguir proyectos en el municipio. Es algo anacrónico",
y matizan las denuncias de Jabonero: "No
creemos que sea ilegal ya que se aplica
pacíficamente en tantos
ayuntamientos ya en esas condiciones, porque no hay
que confundir los arquitectos municipales honoríficos con los
arquitectos que trabajan para los ayuntamientos con un
contrato de servicios, figura totalmente legal según
la Ley de Contratos del sector público".
Esto lo explica Rafael González Millán,
presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de las
Administraciones Públicas. Y añade que "Sus retribuciones
varían según los casos, pero normalmente hacen informes de
forma gratuita o a bajo coste. En cambio reciben el
encargo de hacer todos los proyectos de obras municipales con sus
direcciones de obra. Hoy en día esa figura no tiene encaje en la
legislación" “En todo caso es una perversión
del sistema", reconoce el
portavoz de los arquitectos de la administración. González Millán
subraya que "el arquitecto honorífico también
responde penalmente de sus delitos",
es decir que se juega penas de prisión por aberraciones urbanísticas
igual que lo haría un funcionario. Un dato que rebajaría las
suspicacias sobre la implicación de estos profesionales en la España
del ladrillazo. "No hay que criminalizar al arquitecto
honorífico porque la mayoría son profesionales honrados, sino
perseguir al político que los utiliza
para sus intereses",
sentencia el portavoz del sector.
No
obstante, Jabonero rechaza el matiz: "Los contratos
de servicios se hacen con un propósito formal pero son el ariete
para vulnerar la legalidad. Se llama 'desviación de
poder', ligada a la prevaricación, y es un modo de
amañar los expedientes. Además la ley, en su artículo 17, prohíbe
expresamente el ejercicio de la función pública con esos
contratos".
Según
ZAIN DEZAGUN URDAIBAI no es cierto que ello suponga un bajo costo a
las arcas publicas por el
trabajo de "Arquitecto Municipal",
por ejemplo en el pliego
de condiciones para Arrigorriaga se establece; “En cuanto el
precio estipulado para la licitación, se parte (por referencias de
otras administraciones) de un precio de 70 € por hora, que teniendo
en cuenta las 20 horas semanales durante 48 semanas anuales, supone
un precio anual de 67.200,- euros sin IVA.” o
“lo que es mismo una remuneración mensual por media
jornada de trabajo, de 5.600 € mensuales mas 1.176 de IVA”.
Y la misma asociación vecinal puntualiza que “Este
precio es el inicial del pliego de condiciones, si bien la
contratación final media ronda en los pequeños municipios
de Urdaibai a los 30 € la hora, es
decir “sueldos” de 2.400 euros mensuales por 15
horas semanales”. Y
añade esta asociación “que en este costo se no se valora la utilización para su labor de las instalaciones, mobiliario, papel y equipos informáticos del Ayuntamiento, o, que incluso establezca sus periodos vacacionales renumeradas”.
Fernando Jabonero concluye que “El mantener
es cuerpo de falsos arquitectos como técnicos urbanísticos (que
bien podían tener otras titulaciones competentes en
urbanismo) es una decisión política y los secretarios municipales
les dan el barniz de legalidad, en algo que ellos saben nulo de pleno
derecho porque incluyen cláusulas absolutamente inaplicables a un
contrato de asesoría, dado que implica el desempeño de funciones
públicas a contratistas, y el desempeño de
tareas permanentes, pudiendo concurrir hasta usurpación de funciones
públicas”.
En este disentir de criterio, González Millán sí
cree que los arquitectos externos pueden ejercer funciones
municipales "siempre que no presenten incompatibilidades".
Y añade que "Tiene que quedar claro que ni él ni sus socios
ni sus familiares pueden hacer proyectos en ese ayuntamiento. La ley
exige que sea un funcionario quien hace la inspección urbanística,
pero se puede emplear a personal laboral o interino
para otras tareas. Aunque nosotros, como arquitectos de la
administración, estamos en contra de ello porque es una perversión
del sistema. Es como si el secretario municipal tuviera por las
tardes un despacho de abogados en la plaza del pueblo. Todos los
vecinos acudirían a él".
Antoni Pelegrín, fiscal
coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de Barcelona, es claro en
un ensayo sobre delitos de ordenación del territorio, en el que
confirma "la imposición de sanciones y la determinación de
los daños y perjuicios" a los responsables de las
ilegalidades. Cuantificar los proyectos urbanísticos licitados por
un falso arquitecto es una tarea titánica que, una vez completada,
sería capaz de atascar de expedientes los juzgados.
El punto positivo, para los arquitectos y para las demás profesiones técnicas competentes en urbanismo, es que abriría multitud de
plazas de funcionario que ahora no existen, pero para los alcaldes y,
en especial, los secretarios municipales el panorama es, cuanto
menos, inquietante.
ZDU BUSTURIA
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