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| Imagen nocturna de las instalaciones de Garoña. (Deia) |
El desmantelamiento de Garoña costaría a Nuclenor 100 millones y su reapertura, 150
El Ministerio de Energía anuncia que el aval del CSN a la renovación de la licencia no es un precedente para otras plantas
J. Fernández
- DEIA Sábado, 11 de Febrero de 2017 -
Bilbao - El tiempo y sobre todo los números acabarán por resolver la enmarañada ecuación de intereses políticos, económicos y sociales que envuelven a Garoña. La propietaria de la central, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, insiste en la necesidad de analizar los condicionantes de seguridad establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para poder reanudar su actividad aunque de saque ya ha reducido todas sus probabilidades a la rentabilidad, tal y como subrayaban hace unos días desde Endesa sumándose así a la tesis de Iberdrola.
Acometer todos los trabajos de mejora encomendados supondría un gasto cercano a los 150 millones de euros y su desmantelamiento se calcula que rondaría los 100 millones. En realidad serían 600, pero los otros 500 serían asumidos por el Estado. También cabe la posibilidad de esperar acontecimientos: primero a que el gabinete de Mariano Rajoy conceda la licencia de explotación y luego a que haya un cambio de gobierno que revoque ese decreto y decida el cierre definitivo de la planta. Entonces, Nuclenor podría reclamar daños patrimoniales [lucro cesante] que ascenderían a cantidades astronómicas: entre 800 y 1.000 millones de euros. Una minuta que dificultaría a cualquier otro Ejecutivo retirar esa licencia.
Circunstancias ambas -la autorización de la prórroga de actividad y el acogimiento a esa figura judicial- que podrían servir de ejemplo para otras plantas nucleares operativas en la actualidad en el Estado. Quizás por eso, ayer mismo salía a la palestra el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, para subrayar que Garoña “no es un precedente para nada ya que es una central muy especial, con una situación muy particular y que lleva cerrada cuatro años. No se puede utilizar como precedente para otras centrales. Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto”. “Lo que está claro -zanjaba- es que Garoña no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el CSN. No hay ninguna duda por eso”.
Quien se mostró ayer favorable a pasar página y que la central sea historia fue el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien trató de echar luz sobre las incógnitas y el rompecabezas de Garoña: “Ya está más que amortizada, con unas instalaciones obsoletas y con unas empresas que participan de la central nuclear y del Consejo de Seguridad Nuclear que dicen que no es rentable las inversiones que se pudieran acometer”. “Hay riesgos ciertos que hay que abordar pero también riesgos evitables. Garoña es un riesgo cierto, pero evitable después de cuarenta años”, resumió.
En cualquier caso, de los 600 millones estimados para poder desarmar a Garoña, las eléctricas propietarias habrían de asumir unos 100 millones y la sociedad estatal Enresa el resto. La inversión para la reapertura contemplaría las mejoras en seguridad recogidas en el informe del CSN que también incluye el coste de fabricación de 5 contenedores de almacenamiento y transporte del combustible, así como del almacén temporal del combustible gastado. En lo referido al desmantelamiento [su diseño habrá de ser abordado se reabra o no] deberá ser asumido en un primer momento por la titular de la central y posteriormente con recursos públicos de Enresa. En el caso del esfuerzo privado, en el que se inscribe la fase de predesmantelamiento, Nuclenor acumula provisiones por valor de 106 millones de euros para esta actividad.
“Reversible” Nuclenor indica que las tareas de predesmantelamiento están en marcha y tienen una duración de tres años, si bien advierte de que la situación puede ser “reversible” si se produce un cambio en las circunstancias que condujeron a las empresas a detener la actividad en 2012. De llegar a su fin, la fase de predesmantelamiento concluiría con la extracción del combustible de la piscina, momento en el que la sociedad estatal Enresa se haría cargo de la titularidad de la instalación y de la totalidad de los costes del desmantelamiento propiamente dichos.
A partir de ese momento, Enresa debería asumir un coste cercano a los 500 millones de euros. El desmantelamiento de las centrales se financia con el Fondo para la Financiación de Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, cuyo importe asciende a 4.968 millones de euros, al cierre del ejercicio 2016. Este fondo, en principio es suficiente para completar los desmantelamientos en marcha -José Cabrera y Vandellós I- así como el de Garoña, si bien tendría dificultad para cubrir el coste del eventual cierre del parque atómico español.
Esta circunstancia, apostillaban fuentes del sector, obligaría a recurrir a “fondos adicionales a través de la tarifa eléctrica y de las aportaciones de las propias centrales”. De hecho, de los casi 5.000 millones de euros del fondo, la mayor parte (2.703) proceden de las aportaciones de los consumidores a través de la tarifa eléctrica, frente a 1.939 de aportaciones de las centrales nucleares.
Bilbao - El tiempo y sobre todo los números acabarán por resolver la enmarañada ecuación de intereses políticos, económicos y sociales que envuelven a Garoña. La propietaria de la central, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, insiste en la necesidad de analizar los condicionantes de seguridad establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para poder reanudar su actividad aunque de saque ya ha reducido todas sus probabilidades a la rentabilidad, tal y como subrayaban hace unos días desde Endesa sumándose así a la tesis de Iberdrola.
Acometer todos los trabajos de mejora encomendados supondría un gasto cercano a los 150 millones de euros y su desmantelamiento se calcula que rondaría los 100 millones. En realidad serían 600, pero los otros 500 serían asumidos por el Estado. También cabe la posibilidad de esperar acontecimientos: primero a que el gabinete de Mariano Rajoy conceda la licencia de explotación y luego a que haya un cambio de gobierno que revoque ese decreto y decida el cierre definitivo de la planta. Entonces, Nuclenor podría reclamar daños patrimoniales [lucro cesante] que ascenderían a cantidades astronómicas: entre 800 y 1.000 millones de euros. Una minuta que dificultaría a cualquier otro Ejecutivo retirar esa licencia.
Circunstancias ambas -la autorización de la prórroga de actividad y el acogimiento a esa figura judicial- que podrían servir de ejemplo para otras plantas nucleares operativas en la actualidad en el Estado. Quizás por eso, ayer mismo salía a la palestra el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, para subrayar que Garoña “no es un precedente para nada ya que es una central muy especial, con una situación muy particular y que lleva cerrada cuatro años. No se puede utilizar como precedente para otras centrales. Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto”. “Lo que está claro -zanjaba- es que Garoña no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el CSN. No hay ninguna duda por eso”.
Quien se mostró ayer favorable a pasar página y que la central sea historia fue el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien trató de echar luz sobre las incógnitas y el rompecabezas de Garoña: “Ya está más que amortizada, con unas instalaciones obsoletas y con unas empresas que participan de la central nuclear y del Consejo de Seguridad Nuclear que dicen que no es rentable las inversiones que se pudieran acometer”. “Hay riesgos ciertos que hay que abordar pero también riesgos evitables. Garoña es un riesgo cierto, pero evitable después de cuarenta años”, resumió.
En cualquier caso, de los 600 millones estimados para poder desarmar a Garoña, las eléctricas propietarias habrían de asumir unos 100 millones y la sociedad estatal Enresa el resto. La inversión para la reapertura contemplaría las mejoras en seguridad recogidas en el informe del CSN que también incluye el coste de fabricación de 5 contenedores de almacenamiento y transporte del combustible, así como del almacén temporal del combustible gastado. En lo referido al desmantelamiento [su diseño habrá de ser abordado se reabra o no] deberá ser asumido en un primer momento por la titular de la central y posteriormente con recursos públicos de Enresa. En el caso del esfuerzo privado, en el que se inscribe la fase de predesmantelamiento, Nuclenor acumula provisiones por valor de 106 millones de euros para esta actividad.
“Reversible” Nuclenor indica que las tareas de predesmantelamiento están en marcha y tienen una duración de tres años, si bien advierte de que la situación puede ser “reversible” si se produce un cambio en las circunstancias que condujeron a las empresas a detener la actividad en 2012. De llegar a su fin, la fase de predesmantelamiento concluiría con la extracción del combustible de la piscina, momento en el que la sociedad estatal Enresa se haría cargo de la titularidad de la instalación y de la totalidad de los costes del desmantelamiento propiamente dichos.
A partir de ese momento, Enresa debería asumir un coste cercano a los 500 millones de euros. El desmantelamiento de las centrales se financia con el Fondo para la Financiación de Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, cuyo importe asciende a 4.968 millones de euros, al cierre del ejercicio 2016. Este fondo, en principio es suficiente para completar los desmantelamientos en marcha -José Cabrera y Vandellós I- así como el de Garoña, si bien tendría dificultad para cubrir el coste del eventual cierre del parque atómico español.
Esta circunstancia, apostillaban fuentes del sector, obligaría a recurrir a “fondos adicionales a través de la tarifa eléctrica y de las aportaciones de las propias centrales”. De hecho, de los casi 5.000 millones de euros del fondo, la mayor parte (2.703) proceden de las aportaciones de los consumidores a través de la tarifa eléctrica, frente a 1.939 de aportaciones de las centrales nucleares.
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